21-08-2020 / 10:59 h EFE

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha denunciado que las medidas adoptadas en materia de justicia, como la habilitación del mes de agosto, y las que están en tramitación "atentan gravemente" al ejercicio del derecho de defensa, lo que afecta negativamente al papel de los letrados.

Este colegio ha elaborado un comunicado en el que considera "intolerable desconsideración" que sufre el colectivo de la abogacía durante el mes de agosto debido a la práctica de notificaciones de forma indiscriminada de resoluciones en toda clase de asuntos por los juzgados y tribunales, "sin razón de urgencia ni justificación alguna".

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados sostiene que se está atentando gravemente contra el ejercicio del derecho de defensa, lo que afecta negativamente el papel del abogado, algo que "no se va consentir" y por lo que en los próximos días se determinarán las posibles medidas a adoptar.

Los letrados han recordado que la habilitación procesal del mes de agosto contó con el rechazo generalizado y expreso de la Abogacía y, específicamente, del Consejo Autonómico y de los once Colegios de Abogados de la comunidad.

"Se trata de una medida política, puramente demagógica, que no resuelve un ápice el atasco histórico de nuestros tribunales, por lo que este Consejo traslada su enorme malestar por el hecho de que los miles de abogados no puedan descansar durante este mes tradicionalmente inhábil", ha indicado el Consejo.

Asimismo, rechaza la actuación que están llevando a cabo numerosos Juzgados y Tribunales de Andalucía, que están procediendo a la notificación indiscriminada de resoluciones en toda clase de asuntos, sin razón de urgencia ni justificación alguna.

El Consejo censura asimismo el Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, actualmente en tramitación en el Senado.

Este establece en su artículo 18 limitaciones para el desempeño del derecho de defensa por los abogados, al establecer la atención a los profesionales por sistemas no presenciales y exige incluso cita previa para acudir a la sede judicial.

"Esta propuesta legislativa una intromisión ilegítima que perjudica directamente el desempeño de la actuación profesional de los abogados, cuya presencia ante los tribunales no puede ser limitada de ninguna manera", ha señalado en el comunicado.

 
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