30-08-2020 / 13:19 h EFE

Un grupo de 26 ciudadanos turcos ha llegado de forma ilegal a la isla griega de Quíos para solicitar asilo político, en un momento en el que las relaciones grecoturcas están especialmente tensas por las disputas sobre sus respectivas aguas territoriales en el Mediterráneo oriental.

Según medios locales, estas 26 personas, entre las que había varios menores de edad, aseguraron al llegar a Quíos ser "perseguidos por el régimen del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En su punto más cercano a Turquía, Quíos está a apenas unos 7 kilómetros de la costa del país vecino. Para conseguir cruzar esa distancia sin ser descubiertos, los 26 solicitantes de asilo utilizaron pequeños barcos de pesca, en los que izaron baneras griegas.

Gracias a esto consiguieron llegar cerca del pueblo pesquero de Agia Ermioni, donde los localizaron barcos de la Autoridad Portuaria de Quíos.

Dos de ellos utilizaron un taladro para agujerear el bote y provocar su naufragio para ser rescatados, lo que resultó en su arresto poco después.

Estas dos personas fueron trasladadas al centro de detención de la Autoridad Portuaria de la isla mientras los otros 24 fueron llevados a un centro cercano donde permanecerán en cuarentena para evitar posibles contagios de coronavirus.

Además, todos ellos fueron multados con 5.000 euros y denunciados por entrada ilegal en el país.

Aunque en el último medio año las llegadas de migrantes y refugiados se han reducido considerablemente, a principios de mes llegó otro grupo de 23 turcos solicitando asilo también a la isla de Quíos.

En los últimos meses la tensión entre Grecia y Turquía ha ido aumentando, primero con la apertura de las fronteras turcas que llevó a miles de migrantes a intentar cruzar de forma ilegal a Grecia a finales de febrero y, después, este verano con la decisión turca de explorar en busca de hidrocarburos en una zona que Grecia considera su jurisdicción.

Este viernes los ministros de Exteriores de la Unión Europea decidieron ampliar la lista de individuos (privados, no funcionarios) sancionados por su implicación en las prospecciones ilegales turcas en el Mediterráneo oriental, una medida que se podría aprobar en septiembre, y que en Turquía ha levantado ampollas.

 
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