03-09-2020 / 15:01 h EFE

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Salamanca ha ratificado las medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19, a solicitud de la Junta de Castilla y León, porque considera que existe un "claro riesgo para la salud pública".

Según un auto notificado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, las medidas impuestas por el Gobierno autonómico "se adoptan en un contexto de emergencia de salud pública generada por la expansión del coronavirus, y ante la existencia de un riesgo de carácter transmisible de esta enfermedad".

Los datos que recoge el escrito del Juzgado revelan que en las dos últimas semanas en Salamanca se han diagnosticado 603 casos, de los que 89 están asociados a brotes, por lo que "predominan claramente aquellos casos -el 85,24 por ciento- en los que no se ha encontrado vínculo epidemiológico con un brote activo".

En este sentido, se asegura que en la situación actual, con una tendencia creciente de extensión de la enfermedad y de la cantidad de personas afectadas al margen de los brotes identificados y controlados, se considera que el riesgo de difusión de la enfermedad es especialmente alto entre la población del municipio de Salamanca con evidentes indicios racionales de transmisión comunitaria".

Estas medidas, según el auto judicial, "son idóneas y, por otro lado, ineludibles para evitar la propagación del virus, sin que a día de hoy exista una medida menos gravosa para la consecución de tal objetivo, que no es otro que preservar y proteger la Salud Pública, conteniendo la propagación del virus".

El Juzgado también ha considera que las medidas son "proporcionadas atendiendo a los fines pretendidos" y que atienden a la finalidad "de proteger el derecho a la vida e integridad física de los ciudadanos".

Además, se recoge la visión de la Fiscalía de Salamanca quien, "tras un análisis del derecho fundamental afectado por dichas medidas", ha considerado que "cumplen los principios de necesidad, adecuación y razonabilidad y proporcionalidad", por lo que "no se opone a la autorización de las medidas".

Por tanto, el Juzgado ha ratificado estas medidas y ha pedido que la Junta le notifique si se "pudiesen dejar sin efecto antes del transcurso de 7 días, o en el caso de que deban ser prorrogadas o modificadas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria".

 
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