04-09-2020 / 14:52 h EFE

Varias familias han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) un recurso contencios-administrativo contra el Plan de actuación para el curso 2020-21 para centros educativos en el marco de la pandemia por COVID-19, aprobado por el Departamento de Educación.

En el recurso, al que he atenido acceso Efe, los recurrentes consideran que el Plan de Educación para la vuelta a las aulas en el curso 2020-21 "vulnera el derecho a la vida, la integridad física y la salud, así como los derechos de sus hijos menores y los del personal docente y no-docente, en definitiva, de toda la comunidad escolar de Cataluña".

Las personas firmantes del recurso presentan, ellas mismas o sus hijos menores, patologías de carácter diverso, por lo que argumentan en la demanda que "no pueden asumir un riesgo de contagio por causa de su vulnerabilidad", o "a pesar de ser personas en buen estado de salud, no quieren asumir el riesgo de contagio que no sólo es probable, sino que los expertos dan por seguro".

Por ello, en la demanda reclaman que el tribunal suspenda la ejecución del plan de actuación para el curso 2020-21 como medida cautelar, se considere nula la decisión de obligar a asistir a la escuela y se permita el seguimiento del curso a distancia.

Los recurrentes consideran que el riesgo para la vida y la integridad física que conlleva un retorno a las aulas masivo "no se puede aceptar en términos de proporcionalidad, ya que existen instrumentos y metodologías alternativas posibles como reducir los grupos de alumnos, o limitar su estancia en el centro al mínimo tiempo imprescindible".

Consideran por el contrario que las medidas fijadas en el Plan de actuación "no satisfacen los criterios epidemiológicos de lucha contra la pandemia ni los criterios de los pediatras, por lo que constituyen un riesgo para su salud y la de sus hijas e hijos, ya que establecen unas condiciones insuficientes tanto de espacios como de ventilación, y no pueden ser cumplidas por sus niños, pues no han adquirido todavía las capacidades necesarias para cumplirlas".

En el texto, los recurrentes argumentan que "en las condiciones fácticas actuales (transmisión aérea confirmada, transmisión comunitaria y riesgo elevado de contagio por cada 100.000 habitantes), la Administración educativa debería facilitar la prestación del servicio educativo en condiciones de semipresencialidad o debería autorizar planes de actuación de no-presencialidad".

El portavoz de las familias demandantes, Carles Alonso, ha explicado a Efe que han firmado la demanda seis personas "por una cuestión de operatividad", pero que "representan a unas 200 familias que apoyan el recurso", a las que "se siguen sumando más personas".

 
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