07-09-2020 / 11:00 h EFE

El sindicato Ustea ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía para denunciar las ratios educativas que considera "ilegales" y su relación con las medidas establecidas para la seguridad sanitaria y prevención laboral en las aulas ante la actual pandemia de COVID-19.

Ustea, que ha ofrecido este lunes una rueda de prensa a las puertas del Ministerio Público en Granada, cree que la situación contraviene tanto la normativa educativa derivada de la LOE-LOMCE como las medidas aprobadas en el ámbito sanitario y educativo de prevención frente al coronavirus.

Por ello, ha solicitado la intervención de la Fiscalía por si se estuviera cometiendo algún tipo de delito contra la salud pública, según recoge la denuncia a la que ha tenido acceso Efe.

Entre otras cuestiones, el sindicado expone el caso de varios centros educativos de la provincia de Granada donde el número de alumnos por aula puede hasta los 38.

Usted indica que el artículo 157 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo establece que en Educación Primaria cada unidad escolar contará con un máximo de 25 alumnos y en Secundaria de 30, y que el artículo 87 de la mencionada Ley establece los motivos excepcionales por los que dicha ratio podría aumentarse hasta un 10 % en el período extraordinario de matriculación.

"No dándose ninguno de los motivos que justifiquen la excepcionalidad de aumentar un 10 % la ratio legal por unidad, las unidades concedidas en el mes de junio para el curso que se inicia en septiembre de 2020 con un número de alumnos superior a 25 en Infantil y Primaria, Secundaria y Bachiller han sido planificadas claramente con ratios ilegales", advierte el sindicato.

Además recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la declaración de pandemia respecto a la COVID-19 desde el 11 de marzo del 2020, y que el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación recomendaron en su momento, por motivos sanitarios, reducir las ratios en Infantil y Primaria (15 y 20).

Para Ustea, la masificación de grupos por encima de la norma vulnera la legalidad vigente y supone un riesgo añadido para la salud de los miembros de la comunidad educativa y, en general, para la salud pública, al dificultar e incluso impedir el mantenimiento de las distancias interpersonales recomendadas.

Por ello, solicita a la Fiscalía que investigue los hechos por si fueran constitutivos de delito por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o, en su caso, de la Delegación en Granada.

También pide que se interese por la situación de las ratios y de su legalidad en los centros que expone y, en otros casos, por si esta presunta planificación ilegal fuera contraria a las medidas de seguridad sanitaria establecidas.

 
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