07-09-2020 / 14:40 h EFE

El juez que condenó a 76 años y medio de cárcel a cada uno de los tres asesinos de una mujer, su hija de seis años y su pareja en Dos Hermanas (Sevilla) ha reducido a veinte años el plazo para que obtengan el tercer grado penitenciario, es decir, la mitad del tiempo efectivo que deberían estar en prisión.

La Audiencia Provincial de Sevilla, en una sentencia del 1 de septiembre, condenó a Ricardo G.H. alias El Pollino, su padre, Ricardo G.G. alias El Cabo, y la mujer del primero, Elisa F.H., a 76 años y medio de cárcel, veinticinco por cada uno de los tres delitos de detención ilegal en concurso medial con tres delitos de asesinato de los que fueron declarados culpables por un jurado popular y otro año y medio por tenencia ilícita de armas.

También determinó que cada uno de ellos cumpliría una condena efectiva única de cuarenta años.

La Fiscalía de Sevilla pidió para estos procesados un total de nueve condenas de prisión permanente revisable, tres para cada uno por cada asesinato.

En un auto aclaratorio dictado el 3 de septiembre y al que ha tenido acceso Efe, el juez Juan Romeo reconoce que cometió un "manifiesto error" respecto a los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional.

En la sentencia, el magistrado señaló que cada condena, basándose en el artículo 76.1 c) del Código Penal, se agruparía en una única de cuarenta años y explicó que todos esos conceptos "se referirán a la totalidad de las penas de prisión impuestas", de acuerdo con el artículo 78.

En el auto aclaratorio, facilitado por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Romeo indica que el 78 no es aplicable en estos casos porque "la pena de cuarenta años a cumplir efectivamente por los acusados no es inferior a la mitad de la totalidad de las penas impuestas", es decir, los 76 años y seis meses.

El magistrado suprime ese artículo, aplica el 36.2 y establece que los presos podrán obtener el tercer grado penitenciario cuando hayan cumplido la mitad de la condena impuesta de 40 años de cárcel.

Esta decisión, contra la que no cabe recurso independiente porque forma parte de la sentencia, "no implica vulneración del principio acusatorio", señala el juez, ya que la Fiscalía y las acusaciones pedían la aplicación del artículo 78 bis y "concurre homogeneidad descendente entre esas peticiones y la aplicación del artículo 36.2", argumenta.

Además de las penas de reclusión, el magistrado prorrogó hasta el 3 de octubre de 2037 la prisión provisional de los tres condenados y les impuso diez años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse durante 105 años a los familiares de las víctimas, a quienes deberán indemnizar con un total de 448.000 euros.

 
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