10-09-2020 / 17:40 h EFE

Luis Salvador, alcalde de Granada y representante de Ciudadanos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha acusado este jueves al Gobierno de ser "incapaz" de ayudar a salir de la actual crisis derivada de la pandemia y de haberse quedado hoy solo ante el municipalismo.

El regidor ha hecho estas declaraciones tras asistir en el Congreso al que considera un "revés histórico" a la propuesta del Ejecutivo de un Decreto Ley de Remanentes "injusto e inmoral" con el que pretendía dejar fuera a municipios como Granada.

Salvador se ha referido a algunas de estas administraciones locales que no cuentan con ahorros y están en una complicada situación financiera, y a las que no quieren cederle sus ahorros "con unas malas condiciones" ante el reparto de 5.000 millones de euros vía Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la recuperación de los territorios tras la crisis del coronavirus.

"El Gobierno no solo pretendía vulnerar la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos, castigando y complicando la salida de la crisis a quienes han sufrido tanto en estos meses, sino que ha querido engañarnos y confiscar los ahorros y dar la espalda a quienes no los tienen en el momento en que los ciudadanos más ayuda necesitan", ha señalado.

El alcalde ha incidido en la necesidad de que los municipios puedan contar con "autonomía de gasto" y en reclamar que los 5.000 millones de euros de inversión directa que el Ejecutivo debe inyectar a todos los ciudadanos no estén ligados a los remanentes que los ayuntamientos puedan o quieran entregar.

Tras recordar que los ayuntamientos tienen que tener financiación para poder prestar los servicios que reclaman los ciudadanos como institución más cercana a ellos, ha lamentado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no haya querido escuchar a la treintena de alcaldes de algunas de las ciudades más importantes y aceptar la propuesta que le habían trasladado.

Se trata de un nuevo decreto ley que amplíe el plazo de las IFS (Inversiones Financieras Sostenibles), que incluya un fondo de transporte para paliar el agujero económico generado en los ayuntamientos y la flexibilización de la Regla de Gasto para 2020, extensible a 2021.

"Un nuevo decreto ley que contemple, en definitiva, un reparto justo según población de liquidez que permita atender las necesidades económicas y de ayudas sociales de sus ciudadanos y que no expolie sus ahorros ni dé la espalda a quienes no cuenten con ellos", ha concluido en un comunicado.

 
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