10-09-2020 / 19:29 h EFE

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un decreto ley con medidas de simplificación administrativa e impulso al desarrollo y a la sostenibilidad de Canarias.

El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, ha explicado que este instrumento legal nace con un marcado perfil social y responde a la necesidad de agilizar la tramitación administrativa en sectores clave para una rápida recuperación económica, con el fin de facilitar la inversión de activos amparados en las distintas herramientas del REF.

El documento también tiene carácter preventivo, con el objeto de anticiparse a posibles retrocesos en la lucha contra la COVID-19.

Ese decreto ley se compone de 25 artículos, seis disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, 21 disposiciones finales, una disposición derogatoria y distintos anexos, según explica el Gobierno.

Define modificaciones en diez textos legales, entre leyes y decretos, relacionados con sectores como el turismo, la agricultura, la construcción, la restauración o las energías renovables y en esta línea, se actúa solo sobre suelos urbanos consolidados, no se quita competencias a ninguna administración y se basa en la legislación básica estatal.

Entre las principales medidas que recoge en materia turística, permite ampliar la ocupación el 20 por ciento para instalaciones complementarias por razones de seguridad sanitaria.

Del mismo modo, suprime la autorización previa para cualquier actuación de renovación y modernización turística que no suponga nuevas plazas de alojamiento, y facilita el uso sanitario con carácter complementario o auxiliar al uso turístico principal, entre otros aspectos.

Por su parte, en el ámbito de las actividades clasificadas, se permite el aumento del espacio de terrazas para actividades de servicio al doble de su superficie, manteniendo la ocupación autorizada. En esta línea, cualquier establecimiento de restauración con capacidad inferior a 300 personas no necesita de autorización administrativa previa.

El decreto ley además prevé articular un sistema de control de las autorizaciones y licencias derivadas de su aplicación mediante la obligación legal de establecer las referencias geográficas precisas que permitan su control mediante los sistemas cartográficos, la inteligencia artificial aplicada y la monitorización de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (Apmun).

El Gobierno destaca que se trata del primer instrumento de modificación de la Ley del Suelo previsto en el pacto de Gobierno regional, propiciado por la emergencia sanitaria y que será evaluado y consolidado en el proceso de reforma de esta legislación.

El documento se ha llevado a cabo tras un proceso de consulta con los expertos propios de la Consejería y otros especialistas que representan a distintos sectores económicos, para así mejorar la aplicación práctica de las políticas públicas que pretenden reactivar los distintos sectores económicos.

Asimismo, se ha consensuado, a través de reuniones técnicas, con las distintas consejerías y junto a ayuntamientos, cabildos y organizaciones empresariales.

 
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