16-09-2020 / 17:51 h EFE

El Tribunal Constitucional ha rechazado suspender cautelarmente las condenas de 13 y 12 años de prisión,así como las inhabilitaciones impuestas al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y al exconseller Raül Romeva por el proceso independentista de Cataluña.

En un auto, el tribunal de garantías desestima la medida cautelar solicitada por la defensa de los condenados, que recurrió en amparo al Constitucional para que anulase las condenas que les impuso el Supremo por sedición en concurso con malversación en el "procés".

Ya lo hizo con la mayoría de los condenados a penas de prisión en esta causa, si bien la decisión respecto a Junqueras y Romeva se postergó dado que quedaban pendientes unas solicitudes de recusación a los magistrados, que fueron rechazadas el pasado mes de junio.

Según la doctrina del tribunal, solo se suspenden las condenas cuando las penas de prisión son inferiores a cinco años. Por encima se consideran graves. Junqueras fue condenado a 13 y Romeva a 12.

Igualmente el tribunal rechaza suspender la inhabilitación no solo por las altas condenas, sino también por la naturaleza de los delitos y la importancia de los cargos públicos que ostentaban ambos cuando se cometieron los hechos en otoño de 2017.

La defensa de Junqueras esgrimió también entre sus argumentos la inmunidad parlamentaria de la que debió haber gozado el exvicepresident al ser elegido eurodiputado, una garantía que el Supremo ya dijo que no podía haber evitado su enjuiciamiento y que tampoco supuso "un blindaje" frente a la sentencia que lo condenó.

Así lo manifestó el tribunal que juzgó a Junqueras en respuesta a la consulta que el Supremo había formulado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señaló -ya después de la sentencia del "procés"- que debía haberse reconocido a Junqueras la condición de eurodiputado desde la proclamación de los resultados de los comicios europeos.

Pero el TC recuerda que aceptar este planteamiento supondría dar por buena la lesión denunciada, aunque fuera de manera provisional, y ello contravendría la doctrina constitucional, que impide sustentar la suspensión cautelar en la anticipación de lo que debe ser resuelto en la sentencia.

Es por eso por lo que el Constitucional analizará el argumento de la inmunidad y el resto de los expuestos por Junqueras ya en sentencia, cuando decida si le otorga o no el amparo solicitado, dado que ahora únicamente ha resuelto sobre la petición cautelar.

Al margen de los argumentos estrictamente procesales, el tribunal tampoco atiende aquellos vinculados a la pandemia. Los condenados consideraban que de no suspenderse la sentencia se produciría una grave afectación del derecho a la vida y a la integridad física y moral, así como a la dignidad y al derecho a la vida familiar.

"Es notorio que los perjuicios a que aluden los demandantes no están conectados a las resoluciones objeto de impugnación en la demanda principal, sino a la pandemia (...), de ahí que los derechos cuya vulneración se alega para justificar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada sean diferentes de los que se invocan en la demanda principal", señalan los magistrados.

Y agregan: "No corresponde a este tribunal dilucidar, y menos aún en este trámite incidental, sobre la procedencia de la excarcelación interesada, pues un pronunciamiento de este tribunal sobre esa pretensión supondría, además, ignorar la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo".

 
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