17-09-2020 / 19:30 h EFE

Un amplio informe de la Defensoría del Pueblo de Bolivia denuncia que durante la crisis que atravesó el país el año pasado se cometieron delitos de lesa humanidad, con "masacres" de civiles de las que culpa al Gobierno interino.

El estudio de más de trescientas páginas presentado este jueves en La Paz analiza los sucesos del 21 de octubre al 24 de noviembre de 2019, que califica de "contexto generalizado de violación de derechos humanos", con 37 muertos en actos violentos.

"El Gobierno cometió delitos de lesa humanidad", denunció en la presentación la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, que acusó al Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez de "asesinatos de forma sistemática" para mantenerse en el poder.

"La violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad" impiden a juicio de esta entidad que en Bolivia haya habido un "proceso de pacificación" desde entonces, en contra del discurso que mantiene Áñez.

La Defensoría denuncia como delitos de lesa humanidad lo que considera "masacres" de civiles como los al menos veinte fallecidos por disparos en operativos militares y policiales en las ciudades de Sacaba y El Alto.

Un "asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio", en unas "masacres" en las que "intervinieron directamente la Policía Boliviana y/o las Fuerzas Armadas", asevera.

El Ejecutivo transitorio siempre ha negado que fueran militares o policías los que dispararon e incluso culpa a los propios manifestantes, mientras lo ocurrido sigue bajo investigación judicial y de una comisión parlamentaria.

El informe reconoce los ataques a la Policía Boliviana, que vio incendiadas varias comisarías, a la vez que le atribuye torturas, uso desproporcionado de la fuerza, permisividad ante actos violentos e incluso complicidad.

El estudio advierte del clima de "terror" que hubo en el país, con grupos "paraestatales" en las calles, sin que desde entonces se haya hecho justicia.

Cruz lamentó que el Gobierno interino "se aprovechó del terror" e incluso intentó "hacer cómplices" a los bolivianos.

LA DEFENSORÍA EXIGE JUSTICIA

"La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos", subraya.

La Defensoría observa además ataques a la libertad de expresión, episodios de racismo hacia colectivos como los indígenas, casos de xenofobia contra cubanos, venezolanos y argentinos, entre otros, y que "niegan el acceso a información" tanto el Gobierno interino como la Policía y el Ministerio Público.

La entidad emite una serie de recomendaciones, como que la Fiscalía esclarezca los hechos y sancione a los posibles culpables, en especial de las muertes de civiles y de ataques a policías, militares, políticos, activistas y periodistas, entre otros, sin dejar pasar plazos procesales y con pruebas válidas.

A la Asamblea Legislativa le reclama que cree una "Comisión de la Verdad", apruebe una ley para resarcir a las víctimas con estándares internacionales, al considerar que una en vigor no los alcanza y representa "un agravio", y que fiscalice la actuación de la Policía, la Fiscalía y los ministerios de Defensa y de Gobierno (Interior).

El informe exige a la Policía Boliviana que investigue posibles actuaciones ilegales entre sus miembros y al Gobierno interino una investigación exhaustiva en el marco de un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

El Ejecutivo transitorio desconoce a la defensora, al entender que superó el tiempo permitido para seguir en el puesto y actúa de forma partidaria a favor del anterior Gobierno, presidido por Evo Morales.

La crisis se desencadenó tras las fallidas elecciones del 20 octubre del año pasado, luego anuladas entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente Evo Morales, que en noviembre anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, y la entonces senadora Áñez accedió al poder de forma interina.

Las denuncias de la Defensoría están en la línea de análisis de la CIDH, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard.

 
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