17-09-2020 / 22:00 h EFE

Un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos pidi este jueves al Gobierno colombiano un "compromiso real" para detener la brutalidad policial, al tiempo que rechaz la estigmatizacin y los sealamientos contra sus procesos sociales.

"Hay una estrategia en la que buscan crear chivos expiatorios y esos chivos expiatorios son las organizaciones que estn en los barrios consolidando la idea de que la solidaridad es el mecanismo ms fuerte de transformacin que tiene la sociedad", dijo el portavoz del movimiento Cumbre Popular Urbana, Jairo Oviedo.

Las organizaciones cuestionaron a quienes las acusan de incitar las manifestaciones violentas tras la muerte a manos de policas de Javier Ordez que dejaron al menos 13 muertos en Bogot y la localidad vecina de Soacha la semana pasada.

Ordez, de 46 aos, falleci en una clnica de Bogot despus de ser reducido por dos agentes que descargaron de manera prolongada sobre l una pistola elctrica tser en la madrugada del pasado 9 de septiembre.

PROTESTAS INFILTRADAS

El Ministerio de Defensa asegur el martes que as como se castigar a los responsables de la muerte de Ordez, tambin se buscar a los culpables de la ola de vandalismo que destruy "la mitad de la infraestructura de seguridad de la capital colombiana".

Segn investigaciones de las autoridades, las protestas supuestamente fueron infiltradas por el Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, entre otros grupos de "anarquistas y terroristas".

Sobre esas declaraciones, la defensora de derechos humanos de la organizacin Ciudad en Movimiento, Pilar Lizcano, cuestion a los medios de comunicacin por reproducir "afirmaciones de miembros del Gobierno Nacional y Distrital (Bogot) basadas en supuestos informes de inteligencia" en las que se seala a los manifestantes de tener vnculos con grupos ilegales.

"Es urgente que as como en el Gobierno tienen tanta efectividad para estigmatizar a las organizaciones sociales, se desmantele el paramilitarismo y las bandas armadas que atentan contra la vida de los lderes sociales", agreg Lizcano.

Segn las organizaciones, los defensores de derechos humanos, vistos "como enemigos por parte del Gobierno", siguen recibiendo amenazas por denunciar las actividades ilegales de bandas criminales, as como intimidaciones para silenciar sus procesos sociales.

"Quienes generan estas campaas han buscado volver ilegtimo el derecho a la organizacin. Todo proceso se est estigmatizando como si fuera ilegal y hemos recibido incluso amenazas a maestros que tienen procesos legtimos", asegur la vicepresidenta y coordinadora de la Comisin de DDHH de la Federacin Colombiana de Educadores, Martha Alfonso.

AUMENTO DE LA VIOLENCIA

Los defensores rechazaron los asesinatos de lderes sociales y desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC, as como las recientes masacres perpetradas en las regiones ms convulsas del pas.

El Observatorio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 57 masacres en lo corrido del 2020, 211 lderes asesinados y el homicidio de 225 exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

"Exigimos una mesa de concertacin alrededor de qu est sucediendo en materia de violencia policial, que pare la estigmatizacin y que se nos respete como defensores de derechos humanos. No somos terroristas, no instigamos al delito", asegur el representante de la Red Popular de Derechos Humanos de Bogot, Andrs Felipe Aldana.

 
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