18-09-2020 / 12:51 h EFE

El pleno del Parlament ha aprobado una resolución de la CUP en la que se insta al Govern a que descarte "una manera diáfana" la posibilidad de pedir rastreadores militares en el marco de la gestión de la pandemia de coronavirus.

La resolución ha contado con el voto favorable de las formaciones independentistas de JxCat y ERC, de los comunes, además de los antisistema de la CUP, y el voto en contra del resto de la cámara.

Pedir la ayuda de rastreadores militares, apunta el texto de la CUP, "sería incoherente y absolutamente contradictorio con las diversas iniciativas legislativas que, en el ámbito del fomento de la paz y sobre la desmilitarización de Cataluña, se han ido aprobando desde hace años en este Parlament".

El texto aprobado también emplaza al Govern a que lleve a cabo "todas las acciones necesarias para evitar la presencia de cuerpos policiales con armas en los recintos y las aulas de escuelas, institutos, universidades" cuando acudan a dar charlas informativas sobre seguridad.

Asimismo, la cámara catalana ha rechazado otra de las resoluciones de la CUP en las que se instaba al Govern a no participar de "ningún proceso de reconstrucción" del Estado porque es "irreformable" y ha respondido "a las reivindicaciones de libertad" con "represión, venganza y vulneración sistemática de los derechos más fundamentales".

Este texto sólo contado con los votos a favor de la CUP ya que ERC se ha abstenido y el resto de la cámara ha votado en contra.

Esta resolución rechazada también quería que el Parlament reprobase "que el Govern mantenga acusaciones particulares en procesos judiciales", e instaba a la Generalitat a retirarse para "poner fin a la represión contra el movimiento independentista".

Otra de las resoluciones de la CUP, que ha sido rechazada al tener sólo a favor los votos de los comunes, llevaba por título "por un sector público que encare la crisis" y proponía la reforma de varios organismos de la Generalitat, entre ellos el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), la Agencia Catalana del Agua (ACA) y el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) para que puedan cubrir "las necesidades básicas de las clases populares".

 
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