20-09-2020 / 12:10 h EFE

El escándalo destapado en los últimos días por los presuntos abusos a una decena de alumnos y alumnas de la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, por el que un colaborador de la misma fue ingresado en prisión el pasado once de septiembre, pone en peligro su continuidad.

Organizaciones taurinas de la Región y profesionales del mundo del toro han expresado a Efe su preocupación por los efectos negativos que han levantado los hechos, que se encuentran aún en un estado incipiente de investigación en un juzgado de instrucción de Murcia.

Esas organizaciones han resaltado el impacto que ha tenido en la opinión pública, incluso a nivel nacional, las noticias que dan cuenta de los presuntos abusos que habrían sufrido los alumnos, la mayor parte de ellos, menores de edad.

Esas reacciones negativas contra la continuidad de la Escuela han sido objeto de vivas polémicas en las redes sociales, lo que incide en las dificultades por las que atraviesa la fiesta brava por la oposición a la misma de importantes sectores de la población y por la falta de ayudas oficiales.

Esas reacciones adversas hacen difícil que la Comunidad Autónoma, el único organismo público que de forma periódica concedía subvenciones a los toros, basándose en la declaración de los mismos como Bien de Interés Cultural Inmaterial, pueda mantener la misma política.

Por otra parte, la continuidad de las clases y su sede actual también están en peligro, al menos, hasta que se clarifique la situación y se exijan las responsabilidades a que hubiera lugar.

La Junta Directiva de la Escuela hizo público un comunicado el pasado doce de septiembre en el que lamentaba los hechos presuntamente cometidos por J.M.O., colaborador del torero Pepín Liria, director artístico de la misma, y señalaba que hasta el momento de levantarse el escándalo no habían tenido la menor noticia sobre los presuntos abusos.

Además, lamentaba que nadie se hubiera dirigido a la misma en su momento, lo que habría permitido adoptar las medidas precisas para erradicar las conductas presuntamente delictivas o inapropiadas. Unos días después, la Directiva anunciaba que se personaría como acusación particular en las actuaciones judiciales.

 
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