23-09-2020 / 15:01 h EFE

La Fiscalía ha mantenido su petición de pena de entre tres y cinco años de cárcel para los cuatro activistas acusados de desórdenes públicos por cortar la Ronda de Dalt de Barcelona durante la huelga independentista del 8 de noviembre de 2017 y que durante el juicio negaron pertenecer a los CDR.

En su informe final, el ministerio público ha decidido mantener la misma condena que solicitó en sus conclusiones provisionales al acusar a los cuatro imputados de un delito contra la seguridad vial y otro de desórdenes públicos por el papel que tuvieron durante el paro general convocado contra el encarcelamiento de parte del Govern a raíz del referéndum del 1-O.

El juicio, que comenzó el lunes en la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, ha quedado hoy visto para sentencia tras concluir los informes de las respectivas partes.

Durante la declaración de los acusados, que prestaron en la primera sesión, éstos esgrimieron su legítimo derecho a huelga y manifestación y aseguraron que acudieron a la concentración que había sido convocada, de forma legal, por la Intersindical.

También admitieron que formaban parte de un piquete informativo, pero han negado que fueran integrantes de "uno de los sedicientes CDR" (Comités de Defensa de la República) o que mantuvieran cualquier tipo de enlace con dicho grupo, pese a las insistentes preguntas de la fiscal en esa dirección.

Todos ellos narraron que acudieron a primera hora de la mañana a una cita convocada por diversos colectivos y entidades en la marquesina de la Vía Júlia, en el distrito de Nou Barris, para participar de un piquete informativo, pero no como organizadores.

Ninguno de ellos admitió que derramaran aceite ni ninguna otra sustancia similar para entorpecer la circulación de vehículos, tal como sostiene el ministerio público, que los acusa de haber esparcido con una escoba el aceite que algunos manifestantes llevaban en un bidón en la carretera B-20 para que los coches que transitaban se "deslizaran".

La tesis de la fiscal señala también que, con su participación en la protesta "no autorizada", cortaron el tráfico en ambos sentidos de la circulación entre las 07:00 y las 11:00 de la mañana y causaron 15 kilómetros de retenciones que afectaron a 40.000 vehículos y 750 camiones, generando "numerosas situaciones de conflicto".

En cambio, los Mossos d'Esquadra que declararon como testigos negaron que hubiera episodios violentos y tildaron de "pacífica" la actitud de los manifestantes.

El único incidente que reconocieron los acusados -aunque cursa en una causa aparte- ha sido la "caída" de un motorista que supuestamente quería "pasar por encima" de los manifestantes y cuyo vehículo volcó, un extremo que el propio conductor negó durante el juicio al garantizar que fue agredido.

 
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