24-09-2020 / 15:50 h EFE

El arquitecto imputado en la causa por posible prevaricación en la construcción de un polideportivo en Navalcarnero en 2006 ha asegurado que "todo lo que se pagó se construyó", a pesar de las diferentes modificaciones que hubo desde el proyecto inicial.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este jueves el juicio contra el exalcalde popular de Navalcarnero, Baltasar Santos, y tres técnicos municipales para quienes la Fiscalía pide nueve años de inhabilitación y que abonen una indemnización de 10,5 millones de euros en concepto de responsabilidad civil al municipio madrileño.

Baltasar Santos aseguró ayer miércoles ante el tribunal que la causa es fruto de una "venganza política" del PSOE, que él no ha obtenido beneficio por la obra y que siempre ha actuado conforme a la ley vigente, siguiendo los criterios técnicos de los expertos y los informes que le hacían llegar.

Otro de los acusados, el técnico municipal Juan Antonio M.R., argumentó que en el momento en el que detectó irregularidades en las certificaciones de las obras lo notificó, por lo que se detuvo la construcción.

Este jueves el arquitecto Martín F.G. ha asegurado durante su declaración que "todo lo que se pagó se construyó" a pesar des las modificaciones en el proyecto, asegurando que con los planes iniciales se habría acabado “prácticamente el 100 por cien del proyecto original”.

Ha sostenido que las modificaciones se debieron a la adaptación de la obra a nuevas necesidades, como la construcción de un spa, y cuestiones técnicas relacionadas con la medición, un proceso en el que “se rectifica y regula al final, ya sea de manera positiva o negativa”.

Por su parte, la interventora Teresa de Jesús H.M ha declarado que esos excesos de medición están dentro del contrato siempre y cuando no supere el 10 por ciento del importe del proyecto.

Los encargados de certificar periódicamente que la obra se estaba llevando a cabo conforme a lo estipulado eran tanto Martín F.G como Juan Antonio M., mientras que Teresa de Jesús H.M debía dar el visto bueno de la Intervención Municipal, obra que, en palabras del arquitecto, “Juan Antonio visitó muy pocas veces”.

Por el contrario, Juan José Luna, director de Constructora Hispánica en aquel entonces, ha señalado en calidad de testigo que la suspensión de la obra “fue porque el Ayuntamiento no pagaba”, a lo que ha añadido, contradiciendo al arquitecto, que el proyecto “no estaba prácticamente finalizado”, por lo que no se podía hacer uso de las instalaciones.

En 2006 el alcalde de Navalcarnero adjudicó a Constructora Hispánica S.A. la construcción de un polideportivo en el que el Ayuntamiento pondría el 80 por ciento de la financiación y la concesionaria el 20 por ciento restante, con una duración de 18 meses, pero en 2008 estas instalaciones quedaron paradas.

Según el Ministerio Público, como consecuencia de la actuación irregular de los acusados el Ayuntamiento desembolsó 10,5 millones de euros por un polideportivo cuya obra no ha sido concluida ya que "fue abandonada por el contratista después de la aprobación del proyecto modificado, habiendo sido sometida a numerosos actos de vandalismo y saqueo por su estado actual".

La Fiscalía sostiene que "la obra nunca se ajustó al proyecto inicialmente redactado" ya que desde un principio "se introdujeron modificaciones que afectaban a la misma en su conjunto, suponiendo un cambio sustancial respecto de la idea original así como respecto del coste final".

Añade que el mismo "se habría visto incrementado en cerca de un 30,88 por ciento, sin que, a pesar de lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato, se tramitase en el momento de introducirse los mismos expediente alguno para aprobar la modificación prevista".

 
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