25-09-2020 / 18:50 h EFE

La Presidenta de la Diputación de Palencia y de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, Ángeles Armisén, ha reivindicado el papel de los Ayuntamientos y de los habitantes que residen en el medio rural y demanda un criterio de "ruralidad" en la legislación y el reparto de fondos.

Así lo ha manifestado durante su intervención en el Congreso Europeo de Despoblación que se está celebrando en el marco de la Smart Agrifood Summit de Málaga, donde ha participado este viernes en una mesa sobre "Gobiernos provinciales y despoblación".

Armisén ha reflexionado sobre los paralelismos entre las comunidades de Castilla y León y Andalucía, "las dos Comunidades Autónomas más extensas de España" lo que a su juicio, ya de por si "constituye un reto para una gestión eficaz".

Con la diferencia de que en Andalucía hay 785 municipios, frente a los 2.248 de Castilla y León, y que la población andaluza es más de tres veces mayor que la de Castilla y León.

"Pero compartimos retos comunes", ha afirmado, añadiendo que los retos del medio rural "hacen necesario gobiernos provinciales y políticas de solidaridad en las inversiones y los servicios".

Asimismo se ha referido a la conectividad como una prioridad para abordar el reto demográfico y la despoblación y ha demandado un abordaje del reto demografico que gestione los territorios con poca población pero también las superpoblaciones.

En este sentido ha señalado que la pandemia del COVID-19 está acelerando cambios que, en circunstancias normales, hubieran tardado décadas en consolidarse, como el teletrabajo que ha sido esencial en estos meses.

La parte "menos tecnológica" de esta transformación pasa por el hecho de que se puede trabajar en casi cualquier sector desde cualquier parte de España, incluidos los pequeños municipios, ha señalado Armisén, convencida de que solo "asumiendo que esos cambios han llegado para quedarse disponemos de una oportunidad de desarrollo del entorno rural".

También ha defendido la necesidad de aplicar "un criterio de ruralidad" en la distribución de fondos por parte de las Comunidades Autónomas y el Estado y que hay que reclamar también en Europa.

Pero también ha abogado por aplicar ese criterio de "ruralidad" en la legislación y la aplicación de la norma en territorios distintos a las grandes urbes, y ha demandado "un marco regulatorio para los ayuntamientos y emprendedores de los pequeños municipios acorde a su tamaño" y que las cargas administrativas y requisitos de muchas actividades sean acordes a la situación.

En el plano financiero ha reclamado un modelo de financiación local que tenga en cuenta la dispersión de la población y el envejecimiento y también que la prestación de servicios en el medio rural es más cara, en términos unitarios, que en una gran ciudad.

Armisén ha reivindicado el papel de los ayuntamientos y de los habitantes de los pueblos, y ha demandado "conectividad, ruralidad y medidas de reto demográfico consensuadas y sobre todo con interlocución con quienes tenemos los gobiernos provinciales".

 
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