25-09-2020 / 19:50 h EFE

El consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha reclamado este viernes al Gobierno central una actualización de la ley de Medidas Especiales en materia de salud pública al estar "muy superada" por la pandemia del coronavirus.

En declaraciones remitidas a los medios, López ha reclamado la actualización de esta ley tras manifestar que el Gobierno regional "se felicita" por el aval judicial recibido a las medidas que ha aprobado para combatir el coronavirus y que van dirigidas a las restricción y limitación de movimientos en determinadas zonas, así como a limitación de horarios, y también a una restricción del derecho de reunión en toda la región de Madrid.

Esta ley, de 1986, señala en su artículo primero que, "al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado las restricciones a la movilidad que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha para tratar de frenar la expansión del coronavirus al considerar que son "necesarias e idóneas" para el fin perseguido.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del TSJM ha ratificado las medidas que desde el lunes están en vigor en 37 áreas sanitarias donde viven 855.193 personas (el 13 % de la población), así como la limitación de las reuniones a un máximo de 6 personas, salvo convivientes, en toda la Comunidad.

Tras el aval de la Justicia, se abre la puerta a que las Fuerzas de Seguridad puedan imponer sanciones a quienes incumplan la norma.

"Supone un refrendo a estas medidas y que es adecuada desde un punto de vista de ponderación del sacrificio de los derechos fundamentales exigido a los ciudadanos con el fin que se persigue, que es el de proteger la salud pública", ha dicho el consejero.

No obstante, ha considerado que el hecho de que la resolución judicial no se haya alcanzado por unanimidad y que haya votos discrepantes obedece a que se está aplicando una ley "de poca calidad y muy superada por los acontecimientos actuales".

"Una ley que hubiera requerido ya, desde que comenzó la pandemia, una actualización, y así ha sido reclamada en muchas ocasiones al Gobierno de la nación", ha añadido.

"Debe de ser actualizada cuanto antes para generar certidumbre en las Administraciones públicas, especialmente en las autonómicas, para que marque precisamente un ámbito de claridad y de seguridad en cuanto a las medidas que puedan aportar protección a la salud pública y a su vez requieren una actualización como consecuencia de la magnitud de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos", ha concluido.

 
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