27-09-2020 / 18:41 h EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se abre a confinar municipios con incidencia de más de 500 casos por cada cien mil habitantes, entre los que se incluye la capital española con IA de 789, pero para hacerlo, como solicita el Ministerio de Sanidad, exige que el criterio sea homogéneo a todo el país, además de reclamar PCR en el aeropuerto y las estaciones ferroviarias.

El Ejecutivo madrileño ha trasladado públicamente esta posición, confirmada a Efe por fuentes del Gobierno de Díaz Ayuso, después de que varios medios deslizasen ayer una posible intervención de la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, qué públicamente ha pedido a través del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que Madrid corrija sus medidas ante el riesgo serio que corre la ciudadanía.

El diálogo entre ambas administraciones está rodeado de incertidumbre. Illa ha señalado este domingo que ha mantenido comunicaciones con la Comunidad de Madrid, mientras que el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado (Cs) ha revelado también una conversación con el propio Illa y con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

En un intercambio a través de las redes sociales, Aguado ha pedido que continúen las reuniones y un “alto el fuego político”, mientras Darias ha reclamado que Madrid se coloque ”al lado de la ciencia y de los técnicos sanitarios", porque, ha advertido, la batalla contra el virus "es epidemiológica, no ideológica".

Tras perder ayer el grupo Covid-19 a su portavoz, Emilio Bouza, quien dimitió antes de estrenar el cargo, los equipos de la Comunidad de Madrid, que niega el choque, y del Ministerio de Sanidad no aclaran si habrá o no nuevos encuentros ni cuándo se celebrarán, mientras que sí hay programada una reunión del grupo de seguridad mañana a las 18.00.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique García Escudero guardan silencio y el titular de Interior y Justicia en Madrid, Enrique López, se ha erigido en portavoz de los ‘populares’ en el Ejecutivo madrileño, reclamando al Gobierno que no les amenace “con actuaciones de difícil encaje legal”.

De fondo subyace la posibilidad de una intervención a través del decreto de nueva normalidad aprobado en junio, que faculta al Ministerio de Sanidad a “en situaciones de urgente necesidad” tomar “las medidas que sean estrictamente necesarias” sin dar audiencia a las comunidades directamente afectadas a las que sí debe informar “de manera urgente”.

Los sindicatos CCOO y UGT y los partidos de izquierda Más Madrid y Unidas Podemos han reclamado este domingo que Pedro Sánchez intervenga Madrid en una de las protestas que han tenido lugar en seis puntos de la capital para rechazar por segregadores los confinamientos perimetrales, que mañana se ampliarán en 8 áreas hasta las 45 zonas con restricciones de movilidad.

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha estas nuevas restricciones mañana y hasta este domingo había mantenido su posición de no confinar toda la capital española, a la espera de ver los resultados de los primeros cierres perimetrales.

El viceconsejero de de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, defendió el viernes la vía madrileña para impedir que el virus no se expanda: un millón de habitantes que solo pueden salir de sus 45 zonas básicas de salud -fronteras administrativas marcadas por los ambulatorios- para trabajar, ir al médico o acudir a un centro educativo.

Entonces Madrid se negaba a cambiar su “correlato”, pero ahora, tras la presión ejercida por Illa y los rumores de intervención, se abre a transformar su hoja de ruta, siempre y cuando sea común a otros territorios.

Los vecinos de Madrid asisten al endurecimiento mañana de las restricciones con incertidumbre sobre los siguientes pasos a dar.

Además, la Comunidad de Madrid ha logrado frenar la huelga en los ambulatorios, que el sindicato Amyts ha desconvocado tras pactar medidas retributivas, de organización y contra la burocracia, un acuerdo cuyo contenido no ha trascendido pero que pretende descargar a los facultativos de trabajo no sanitario, atraer a nuevos profesionales y retener a los actuales.

 
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