02-10-2020 / 16:40 h EFE

El Tribunal Supremo ha condenado a una directora de departamento de la Universidad de Murcia (UMU) a indemnizar con 10.000 euros a una profesora contratada como ayudante por difundir en los tablones de anuncios y pgina web de la universidad documentos que, segn el alto tribunal, vulneraron el derecho al honor de la docente.

El caso se remonta a enero de 2011, cuando la universidad pidi un informe al departamento de Ciencias Polticas y Administracin Pblica de la Facultad de Derecho para valorar la renovacin o no de la demandante, que haba sido contratada como profesora ayudante doctora en ese departamento dos aos antes.

Segn recoge la sentencia, el informe, redactado por los miembros del departamento y firmado por la entonces directora del mismo A.M.R., que especificaba que se abstena en la decisin, instaba a no renovar a la docente e inclua numerosas crticas hacia ella.

El informe mencionaba, por ejemplo, lagunas en su formacin, falta de experiencia, insubordinacin a las normas, falta de consideracin con los compaeros e indisposicin a realizar sus tareas, entre otras.

Pese a ello, el rectorado decidi renovar su contrato, una decisin que fue contestada con una carta abierta firmada por la directora y otros diez profesores del departamento en contra de ese criterio y en apoyo al informe negativo emitido previamente.

La carta abierta fue colgada en los tablones de anuncios del departamento y tambin se public en la pgina web de la universidad, en ese caso, acompaada del informe negativo del departamento.

La profesora denunci los hechos y el rector orden la retirada inmediata de esos documentos de la web y los tablones el da 17 de marzo, pero la directora del departamento no lo hizo y, finalmente, fueron retirados por la propia universidad el 23 de ese mes.

La profesora afectada denunci a A.M.R. por vulneracin del derecho al honor y la intimidad y por divulgar datos personales y confidenciales y solicit una indemnizacin de 30.000 euros.

Tras diversos recursos de las partes, el asunto ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que estima en parte la denuncia de la profesora ayudante al considerar que se ha vulnerado su derecho al honor, puesto que el informe negativo hacia ella no deba haber sido de libre acceso, y la carta abierta no debera haber contenido datos personales sobre la afectada, si bien descarta que se vulnerase el derecho a la intimidad.

 
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