07-10-2020 / 15:13 h EFE

UGT ha exigido este miércoles, a través de un comunicado, "información veraz y una actuación efectiva" a la Junta de Castilla y León después de analizar un informe sobre residencias y la actuación de la Consejería de Familia durante la pandemia, documento que el sindicato cuestiona en varios puntos.

Según la nota de prensa de UGT, la primera "sorpresa" es que el informe al que alude y titulado "El Impacto del Covid 19 en las residencias de Personas Mayores de Castilla y León y Medidas Adoptadas" no cuenta con el logo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en su portada, ni con la firma de la titular de la misma.

A tenor del informe, que remite a datos del IMSERSO, a 31 de diciembre de 2019, hay 700 centros residenciales con 48.296 plazas, de las cuales el 90 por ciento son de financiación pública, según sus números, 38.667 plazas.

El sindicato lo considera un error "ya sea por omisión o por interés" ya que, según apunta, los últimos datos oficiales del IMSERSO están recogidos en un informe a fecha de diciembre de 2018, que habla de 702 centros con 47.798 plazas de las cuales tienen financiación publica el 77 por ciento.

Tampoco considera que se ajuste a la realidad la cifra del 90 por ciento, ya que las 38.667 plazas que reconoce la consejera representan solo "el 80 por ciento" del total de las plazas del sistema que mencionan.

Puntualiza también UGT que con que un dependiente destine "sus 50 euros de dependencia" a sufragar una plaza residencial, el sistema ya considera que esa plaza engrosa el numero de plazas con financiación pública, algo "aberrante" a su juicio.

Así, el sindicato concluye que el sector residencial de la Comunidad está mayoritariamente en manos privadas y también que "hay un constante baile en el número de centros", pues tan pronto se referencian los resultados a los 700 centros residenciales de mayores, como a los 1.214 si se consideran "conjuntamente" con los de personas con discapacidad.

En opinión de UGT, al margen de los datos, la impresión que da el marco general del sistema residencial en la Comunidad y el control que del mismo tenía la Junta, antes y durante el Covid, "es de un total caos, descontrol y desregulación", según ha precisado el sindicato en su comunicado.

 
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