08-10-2020 / 2:20: h EFE

La Justicia chilena decretó este miércoles prisión preventiva para dos de los tres policías acusados de cometer delitos de tortura contra varios manifestantes en octubre de 2019, episodio que tuvo lugar en el marco de la actual crisis social que vive el país.

El juez de garantía a cargo imputó a los dos agentes, del cuerpo policial de Carabineros, por torturas durante un proceso de detención a seis personas, dos de ellos menores, en una comisaría en Peñalolén, un barrio periférico al este de la capital, en la madrugada del 21 de octubre.

Según expuso el fiscal Miguel Ángel Orellana durante la audiencia, las víctimas fueron golpeadas y a una de ellas se le aplicaron productos químicos en la cara en varias ocasiones mientras estaba esposada.

Los policías fueron detenidos el martes por orden de la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría que supuestamente evidenciaban el delito.

Gracias a las pericias audiovisuales, el juez estimó que los dos agentes suponen un "peligro para la seguridad de la sociedad" y dispuso un plazo de 100 días para que se investigue el caso.

Un tercer sospechoso, otro policía involucrado en este episodio, fue también arrestado la víspera e imputado por delitos de apremios ilegítimos, quedando bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

Este incidente, junto al de otro policía formalizado el pasado domingo por homicidio frustrado tras haber, presuntamente, lanzado a un menor a un río durante una manifestación, ha desatado una nueva ola de críticas contra la Policía chilena.

Diversos organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), que ya habían denunciado a finales del pasado año presuntas violaciones de derechos humanos, han vuelto a advertir al Gobierno chileno sobre un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes durante las protestas.

OTROS 16 POLICÍAS DETENIDOS POR TORTURA

La Fiscalía chilena ya había imputado en noviembre de 2019 a otros 16 agentes del cuerpo policial de Carabineros por delitos de tortura en tres casos distintos que tuvieron lugar al comienzo del estallido social, en octubre de 2019.

El primer caso ocurrió en la Plaza Ñuñoa, en Santiago de Chile, cuando un grupo de 12 agentes antidisturbios golpearon presuntamente a un manifestante, que sufrió varias fracturas, hecho por lo que los agentes podrían ser sentenciados a entre 5 y 10 años de cárcel, según informó entonces el fiscal a cargo.

En el segundo y tercer casos, en los que participaron cuatro agentes en total, los policías fueron imputados por torturas por pegar supuestamente a dos menores de edad que infringían el horario de toque de queda en La Florida, al sureste de la capital.

La Fiscalía Nacional informó la pasada semana de que elevó a 8.575 la cifra de víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante la actual crisis social que vive el país austral.

Las revueltas han dejado desde el año pasado más de una treintena de muertos, miles de heridos y detenidos, además de episodios de violencia extrema con incendios, saqueo y destrucción de mobiliario público.

Chile vive la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que empezó como una protesta contra el alza en el precio del billete de metro y se convirtió en una clamor popular por un modelo económico más justo.

 
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