13-10-2020 / 16:41 h EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha obligado a la Generalitat a conceder la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) a un particular por no haber resuelto la petición en el plazo que marca la ley, y la condena a abonar la prestación desde la fecha de presentación de la solicitud.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC admite el recurso impuesto por una mujer desempleada y anula la resolución del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias en la que le denegaba la prestación.

El alto tribunal catalán considera que, al haber "transcurrido con creces" el plazo de cinco meses que la legislación vigente marca para resolver las peticiones de RGC, la misma ha sido estimada por "silencio administrativo".

Los hechos se remontan a septiembre de 2017, cuando la afectada solicitó la prestación de la RGC para complementar el subsidio de desempleo que percibía.

En abril de 2018, al no haber obtenido respuesta, presentó un escrito donde alegaba que, tras haber transcurrido cinco meses desde su solicitud, ésta era "favorable por silencio positivo" y solicitaba la ejecución del pago.

Un mes después, se le requirió en el plazo de 15 días documentación complementaria para resolver su solicitud, aunque la sentencia califica dicha notificación de "dudosa", ya que no consta en el expediente administrativo.

Por todo ello, y dado que la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía establece que la resolución para las solicitudes que se presenten es de cinco meses, estima el recurso, anula la resolución impugnada e impone a la consellería el abono del importe del subsidio desde la fecha de petición.

Tras conocer el fallo judicial, la plataforma Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Cataluña ha denunciado las "maniobras de la administración" para denegar dicho subsidio y ha lamentado la "lentitud del procedimiento legal para resolver los recursos" que, en muchas ocasiones, "desmoraliza y desincentiva la presentación de las demandas".

Según la entidad, del 15 de septiembre de 2019 al 1 de abril 2020 se presentaron mas de 16.000 recursos de alzada ante denegaciones de la prestación, de los cuales 6.715 por silencio positivo incumplido, pero sólo se resolvieron favorablemente el 9 % de los mismos.

"Junto a la gran mayoría de denegaciones de las solicitudes y la evidencia de un 70 % de la población en situación de pobreza severa en Cataluña que no percibe la prestación de la RGC, las sentencias favorables a los demandantes ponen el foco en el comportamiento de una administración que incumple los derechos de las personas vulnerables", ha subrayado.

La plataforma ha asegurado además que insistirá a los grupos parlamentarios para impulsar una auditoría independiente sobre la "pésima y antisocial gestión" que la Generalitat hace de la RGC.

 
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