22-10-2020 / 11:41 h EFE

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidi este jueves no admitir la demanda contra Espaa de una condenada por las protestas de "indignados" en el parque barcelons de la Ciutadella ante el Parlament de Catalua el 14 y 15 de junio de 2011, que impidi la entrada a varios diputados.

La decisin concluye que la demandante, Olga lvarez Juan, residente en Barcelona, "no agot las vas de recursos internos" antes de presentar su queja en Estrasburgo.

As, entiende que la demandante acudi a Estrasburgo "per saltum" y no proporcion al Tribunal Constitucional" (TC) la "justificacin de la trascendencia constitucional especial que su recurso de amparo deba tener", como exige el artculo 49.1 de la Ley Orgnica del TC.

Segn la decisin, la demandante "se limita a discutir la tasa de admisibilidad, sin dar ms explicaciones", por lo que "sus razones no son convincentes".

Y aade que "slo despus de haber intentado justificar la trascendencia constitucional de su recurso --lo que no hizo-- podra haber discutido ante el Tribunal la valoracin, eventualmente demasiado formalista para su gusto, que el TC hubiera podido hacer".

lvarez Juan particip en la protesta de "indignados" contra los recortes presupuestarios que supuso un asedio al Parlament en 2011.

Unos 50 parlamentarios autonmicos tuvieron que entrar a la Cmara regional en furgones de los Mossos d'Esquadra, otros lo hicieron en helicptero, y algunos de los que entraron a pie fueron zarandeados o agredidos.

La Generalitat y el Parlament de Catalua pidieron, como acusacin particular, penas de tres aos de crcel para cada uno de los acusados.

La Audiencia Nacional absolvi en primera instancia el 7 de julio de 2014 a la demandante y a otros 18 acusados de delitos contra las instituciones del Estado, atentado y asociacin ilcita, al considerar que estaban protegidos por su derecho a manifestarse.

La Fiscala, la Generalitat y el Parlament recurrieron en casacin, y el Tribunal Supremo conden a ocho de los acusados, incluida la demandante, a una pena de tres aos de crcel por un delito contra las instituciones del Estado.

Esa sentencia, muy polmica, fue criticada por partidos polticos de izquierda y gener mucha controversia en Catalua.

El Tribunal Supremo bas su sentencia en que la libertad de expresin y el derecho de reunin no pueden paralizar otros derechos, como el de la participacin poltica a travs de los representantes legtimos.

La demandante present un incidente de nulidad contra la sentencia condenatoria que fue rechazado, al igual que su recurso de amparo ante el TC, por los motivos citados.

El Tribunal de Estrasburgo tiene otros dos casos pendientes sobre los mismos hechos, segn informaron a Efe fuentes de la Corte europea.

Se trata de las demandas de Morales Rodrguez contra Espaa y Vzquez Moreno contra Espaa, con los nmeros de referencia 3696/16 y 4503/16, respectivamente. Ambos casos ya han sido comunicados a las partes.

 
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