22-10-2020 / 12:00 h EFE

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que las autoridades egipcias han ejecutado a 49 personas entre el 3 y el 13 de octubre, 15 de ellas con condenas de violencia política.

"Las autoridades egipcias ejecutaron a 15 hombres condenados por su supuesta implicación en tres casos de violencia política, así como a 2 mujeres y 32 hombres condenados en causas penales, entre el 3 y el 13 de octubre", indicó HRW en un comunicado.

Además, manifestó que la ejecución de 13 de los condenados por violencia política se produjo pocos días después de que cuatro reclusos que esperaban en el corredor de la muerte de ese centro murieran en un "sospechoso incidente" que el Ministerio del Interior atribuyó a un intento de fuga.

Estos hechos, en los que también se informó de la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, tuvieron lugar el pasado 23 de septiembre.

"Las ejecuciones masivas de decenas de personas en cuestión de días son atroces", dijo el vicedirector de Human Rights Watch para Oriente Medio y el Norte de África, Joe Stork, que criticó "la ausencia sistemática de juicios justos en Egipto", según el comunicado.

Por ello, la organización de derechos humanos, que advirtió que el Gobierno egipcio no suele anunciar estas ejecuciones y que elude incluso informar a las familias de los reos, pidió "el cese inmediato de las ejecuciones" y que se vuelva a juzgar a "aquellos condenados a muerte en juicios extremadamente injustos".

HRW subrayó que bajo la presidencia de Abdelfatah al Sisi "Egipto se ha convertido en uno de los diez países del mundo con más ejecuciones y sentencias a muerte".

Señaló que, en el caso de los condenados por violencia política, muchos de ellos por las protestas tras el golpe de Estado de 2013 de Al Sisi contra el islamista Mohamed Mursi, a menudo son víctimas de tortura para que confiesen y no tienen acceso a abogados.

Además, agregó, son sentenciados por tribunales militares o especializados en terrorismo que no ofrecen los garantías mínimas necesarias para un juicio justo en procesos en los que rutinariamente se juzga a "docenas, a veces incluso cientos de acusados" sin darles tiempo a presentar su defensa o a establecer responsabilidades penales individualizadas.

 
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