26-10-2020 / 17:12 h EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la autorización para construir un complejo turístico-religioso para más de mil personas y con una inversión de ocho millones de euros, en suelo protegido del municipio abulense de Burgohondo (1.200 habitantes).

El fallo ha sido dado a conocer este lunes en nota de prensa por Ecologistas en Acción, que recurrió la autorización concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León al promotor: la Iglesia de Pobres y Humildes en Profecía de Esperanza (IGLEHUMILPRE).

Este colectivo recuerda que la pretensión de los promotores consistía en construir en un paraje "de gran valor natural", situado al nordeste de la Sierra de Gredos, un complejo de 14.843 metros cuadrados, con 40 edificaciones, en una finca "rústica protegida" de 305.326 metros cuadrados.

Para Julio Vías, portavoz de Ecologistas en Acción de Ávila, esta sentencia pone de relieve "el importante papel de las asociaciones ecologistas en la protección del medio ambiente, pero también en la protección de los intereses públicos urbanísticos que ni la Junta, ni el Ayuntamiento de Burgohondo han sabido defender".

En este sentido, la organización conservacionista ha lamentado que el proyecto contara con la "connivencia del Ayuntamiento, que previamente modificó el planeamiento urbanístico para poder autorizar este proyecto por una vía excepcional", que el TSJ considera "ilegal".

Al respecto, señala que el proyecto incluía infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas residuales; energía eléctrica y telefonía; carretera de acceso; aparcamientos y caminos interiores de la finca y 40 edificaciones, incluida una iglesia de 21 metros de altura en el cordal de la finca.

Ante este proyecto, el tribunal considera que, tanto la creación de estas infraestructuras, como las 40 construcciones previstas constituirían "una actuación de transformación urbanística de la finca, que pasaría de ser suelo rústico, a ser suelo urbanizado, en contra de la Ley de Suelo".

El fallo destaca que "ni en el proyecto aprobado ni en la Declaración de Impacto Ambiental favorable que emitió la Junta en 2013, se hayan valorado las repercusiones que pudiera producir en la red municipal de abastecimiento de aguas y en la red de saneamiento".

Todo ello, pese a que el complejo urbanístico estaba diseñado para un aforo de 1.000 personas, en un pueblo de 1.225 habitantes, ubicado en una comarca "con graves problemas de abastecimiento y por el vertido de las aguas sucias al LIC 'Riberas del río Alberche y afluentes'".

Según Ecologistas en Acción, el fallo llama la atención sobre que se pretendiera realizar el proyecto "en suelo rústico, por criterios económicos, a costa de apropiarse de las plusvalías que generase" el mismo, que "hubieran debido corresponder a la comunidad".

Igualmente, critica que se pretendiera garantizar el agua y el saneamiento "conectando en la red municipal, sin hacerse cargo de estos servicios y de los deberes correlativos que le correspondían legalmente, como zonas verdes, viales y suelo dotacional público o cesión del 15 por ciento del aprovechamiento urbanístico".

Además, la sentencia concluye que por la entidad del complejo y lo que suponía su realización, se trata de un proyecto que "excede claramente del ámbito estricto y restrictivo que se reconoce al procedimiento de las autorizaciones de uso excepcional en suelo rústico".

 
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