28-10-2020 / 16:21 h EFE

La Sala II del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Fiscalía y ha reducido las penas de inhabilitación a los acusados en el caso que investigó las irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas al exjefe de Calidad del hospital de Cruces durante nueve años, José Carlos Margüello.

En la sentencia, el TS ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra la sentencia inicial dictada el 7 de septiembre de 2018 por la Audiencia de Bizkaia y ha estimado parcialmente los presentados por el propio Margüello y los otros dos acusados, el exresponsable territorial de Sanidad en Bizkaia, José Ramón Elorriaga, y una socia en una sociedad mercantil junto al principal acusado, María Nieves Fernández Grande.

Los recursos se estiman en el sentido de aplicar a los acusados la atenuante de dilaciones indebidas y, en el caso de Margüello y María Nieves Fernández, también la atenuante prevista en el artículo 65.3 del Código Penal que puede aplicarse al inductor o el cooperador necesario en quienes no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor.

Por ello, la condena por delito de prevaricación se reduce de 9 años de inhabilitación a 8 años en el caso de Elorriaga; de 9 años a 5 años y 3 meses en el de Margüello; y de 7 años a 3 años y 6 meses en el de Fernández Grande.

La sentencia de la Audiencia de Bizkaia les había absuelto de los delitos de malversación de caudales públicos y fraudes ilegales, y al exviceconsejero de Sanidad del Gobierno vasco Rafael Cerdán le absolvió tanto de estos delitos como de prevaricación. Margüello fue exonerado también del delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

En este caso, que investigó las irregularidades en la externalización de servicios sanitarios a empresas vinculadas a Margüello, la primera resolución sentenció que entre los tres acusados actuaron para favorecer "en las adjudicaciones públicas que concluyeron en la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos" y "todo ello con lesión de los principios de legalidad, publicidad y concurrencia", pero sin que hubiera constancia de "un perjuicio económico cuantificable ni evaluable".

Ahora, el TS vuelve a considerar que "al margen de la utilización de un procedimiento que sorteaba los principios de legalidad y libre concurrencia, en este caso no consta que de la contratación derivara perjuicio económico cuantificable y evaluable para la administración", y rechaza la pretensión de la fiscalía.

 
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