30-10-2020 / 19:31 h EFE

Una nueva sentencia, la segunda del Tribunal Constitucional (TC), ha ratificado la constitucionalidad de la Ley de Caza de Castilla y León, este vez ante la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, el TC ha declarado la constitucionalidad de la Ley autonómica de Caza, lo mismo que hizo ante un recurso planteado por el Defensor del Pueblo, en un proceso en el que también estaban personadas las Cortes regionales, la Fiscal General del Estado, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y la Fundación Artemisan.

En esta sentencia ante la cuestión presentada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad se recoge la misma postura y argumentos que ya manifestó el Tribunal Constitucional en la primera sentencia de 22 de octubre que ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo.

En este caso, sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCYL, el Tribunal Constitucional señala que la aprobación de la Ley de Caza no vulnera ni el principio de legalidad ni el de tutela judicial efectiva.

Y aunque el dictado de la ley haya tenido efectos en un incidente de suspensión cautelar previamente acordado por la Sala en un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 10/2018 de la Junta de Castilla y León, no por ello puede calificarse de ley singular.

Tampoco se han vulnerado los artículos 117 y 118 de la Constitución sobre la tutela judicial efectiva, en el sentido de que con la aprobación de la ley se haya impedido a los jueces y tribunales juzgar y ejecutar lo juzgado.

Ni vulnera el principio de separación de poderes entre legislativo y judicial y, además, la sentencia deja patente que la ley fundamenta en su exposición de motivos sobradamente la necesidad de su aprobación y se aprueba por los representantes de la voluntad popular de Castilla y León.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente considera que con esta sentencia se cierra un conjunto de resoluciones judiciales del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que dan fijeza y seguridad jurídica al Marco jurídico legal y reglamentario de la Caza en Castilla y León, una actividad a la que considera esencial para los intereses generales de la Comunidad y que es practicada en la comunidad por unos 125.000 cazadores.

 
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