El pleno de la Asamblea Regional modificará la ley de Aceleración de la Transformación del Modelo Regional para la Generación de Empleo, conocida como ley de Aceleración Empresarial, para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional, según ha acordado este jueves la reunión mixta de la Comisión de Asuntos Generales, Institucionales, de la Unión Europea y Derechos Humanos y la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto.
La ley de Aceleración Empresarial se aprobó en la Cámara en octubre de 2018 y sufrió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados. En diciembre de 2019 el Tribunal Constitucional estimó parcialmente el recurso interpuesto por Podemos y hoy se han reunido las comisiones para acordar actuaciones en relación a la sentencia y al informe redactado por los servicios jurídicos en este sentido.
Las comisiones han decidido por unanimidad que los servicios jurídicos de la Asamblea redacten el texto de una proposición de ley que se tramitará por lectura única en el pleno de la Cámara para adaptar la ley de Aceleración Empresarial a la sentencia del Constitucional.
“El objeto de la ley ha decaído casi en su totalidad”, ha considerado el diputado socialista Alfonso Martínez Baños. Ha puesto el foco en una cuestión que, ha asegurado, el Constitucional considera nula: “Las normas transitorias de Cartagena. Lo que pretendía el Gobierno es que se pudieran aprobar sin trámite de evaluación ambiental. El Tribunal Constitucional ha dicho que no, que cualquier planeamiento urbanístico estructural necesita evaluación ambiental”, ha relatado.
Por otro lado, Baños ha afirmado que el otro “objetivo fundamental de la ley”, la legalización de “20.000 actividades ilegales en la Región”, también “ha decaído”.
En la misma línea se ha manifestado el diputado de Podemos Rafael Esteban, que ha afirmado que “la ley pretendía ser la panacea para la regularización de empresas que tanto promovió la CROEM y los lobbies afines a la liberalización”. Ha ido más allá al afirmar que “esta ley de Aceleración, en los temas sustanciales, ha sido superada por un nuevo marco normativo, que debería ser declarado inconstitucional”, en referencia a las leyes aprobadas en julio para mitigar los efectos de la pandemia.
Por el contrario, la diputada “popular” Miriam Guardiola ha defendido la ley de Aceleración Empresarial asegurando que “pretendía ser un instrumento útil, eficaz para la simplificación administrativa, para eliminar barreras burocráticas y para dar facilidades a las empresas y atraer inversiones”. Ha afirmado que “el Tribunal Constitucional avala esta norma, entiende que se han cumplido todas las garantías”.
En ese sentido se ha pronunciado el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, que ha calificado las modificaciones impuestas por el Constitucional de “muy puntuales, muy concisas”. “Algunas son porque si se suprime una frase, pues luego no hay coherencia sintáctica”, ha relatado, para añadir que están “absolutamente de acuerdo con esas sugerencias”.
Por último, el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Juan José Liarte, ha abundado en “la importancia de simplificar el ordenamiento legal. Tenemos una hipertrofia legislativa que no se da en ningún otro lugar de Europa y que dificulta mucho a la sociedad en general” y ha afirmado que “tenemos que conseguir entre todos que las personas que se dedican a la política sean personas que tengan formación”.
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