07-11-2020 / 16:10 h EFE

Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento cántabro para instar al Gobierno central a modificar el proyecto de Real Decreto sobre la aplicación de purines, de manera que se prevean las condiciones específicas del sector agropecuario de la comunidad para evitar la desaparición de explotaciones.

En un comunicado, la diputada de la formación naranja Marta García ha opinado que esta norma supone un "ataque directo" al sector de la cornisa cantábrica y cree que denota el "desconocimiento" del territorio y del modelo de ganadería cántabra por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

"Si se aprueba esta normativa, que es de imposible cumplimiento, podrán llegar a desaparecer las explotaciones que tenemos en Cantabria, que son pequeñas y familiares", ha manifestado.

Y ha señalado que el Ministerio pretende que se prohíba la aplicación de purines a través de los sistemas tradicionales de abanico o cañón, obligando a utilizar nuevas máquinas localizadoras e inyectores de purín, que, en el caso de Cantabria, "sería imposible utilizar debido al modelo paisajístico minifundista, sin infraestructuras viarias y con numerosas precipitaciones".

En consecuencia, ha incidido, la entrada en vigor de la normativa "podría conllevar la deslocalización de la producción lechera" del norte de España, "impulsando el cierre de explotaciones familiares de montaña y la concentración de la producción en macrogranjas ubicadas en las zonas llanas de España".

"El apenas millar de granjas de leche que hay en Cantabria están en peligro de extinción en el caso de aprobarse esta norma tal y como está redactada actualmente", ha aseverado García.

Además, la diputada naranja ha apuntado que el decreto prevé "medidas imposibles de cumplir" en Cantabria como que las pilas de estiércol quedan prohibidas en las zonas habitadas, estableciendo un plazo máximo de 24 horas cuando estén a menos de un kilómetro del casco urbano, y 5 días máximo si están a más distancia.

Se establece, además, una distancia mínima de 300 metros de cualquier edificación, incluidos establos.

También ve "muy complicado" cumplir, en las zonas de montaña, la obligatoriedad de enterrar el abono en un plazo de cuatro horas, mediante arado de vertedera, chisel o cultivador.

"Estas explotaciones ayudan a mantener el medio rural vivo, y se debe garantizar su supervivencia; no se puede legislar a cientos de kilómetros de manera generalista y sin contemplar las características territoriales, porque cuando esas normas llegan al territorio lo único que hacen es ahogar aún más la vida de la gente de los pueblos", ha apostillado.

 
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