09-11-2020 / 15:50 h EFE

El Ayuntamiento de Cáceres ha cifrado en más de 4,3 millones euros el gasto municipal derivado de la gestión de la crisis sanitaria para mantener unos servicios públicos "de calidad", asistir a los más necesitados y paliar los efectos de la pandemia.

"Somos conscientes de que este inmenso esfuerzo no soluciona todas las situaciones”, ha reconocido este lunes el alcalde, Luis Salaya.

En concreto, más del 30 % de este gasto (1,4 millones) se ha destinado al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), de los cuales casi un millón se traduce en ayudas de emergencia social para atender las necesidades de la vida diaria.

También se ha destinado a ayudas para el acceso a la educación desde los domicilios y para alimentos en comedores escolares, así como a apoyar a las personas mayores y las que carecen de hogar, ha señalado Salaya en una nota de prensa municipal.

Además, ha destacado que la Concejalía de Empresas ha invertido algo más de un millón de euros en ayudas directas a pymes y autónomos, "uno de los sectores que más están sufriendo los efectos de esta crisis”.

A fecha de hoy, según datos municipales, se han concedido 541 subvenciones por importe de 811.589 euros, “y están pendientes de subsanación unas 126”.

El alcalde también ha resaltado que se ha realizado una “fuerte inversión en una clara apuesta por mantener nuestros servicios públicos”, con más de 800.000 euros como consecuencia de la restricción de aforos y modificaciones en el autobús urbano; 153.000 euros destinados a limpieza viaria, desinfección y recogida de residuos; y 143.000 euros a limpieza y desinfección de colegios.

En Recursos Humanos se ha gastado 400.000 euros, en su mayor parte para la contratación, a través del Plan Reactiva de la Diputación de Cáceres, de un total de 49 personas que perdieron su trabajo a raíz de la crisis sanitaria”.

Estos contratos son de personal de limpieza, operarios de servicios múltiples y trabajadores sociales.

Igualmente, más de 200.000 euros se han dedicado a distintas acciones para promocionar turísticamente la ciudad fuera del territorio, mientras que en prevención de riesgos laborales el gasto se cifra en más de 40.000 euros, tanto en protecciones colectivas como materiales de protección frente a la COVID-19.

 
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