11-11-2020 / 21:20 h EFE

La Agencia de Salud Pública de Barcelona ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la suspensión de los desahucios de todas las personas en situación de vulnerabilidad.

En una carta dirigida Padro Sánchez y divulgada este miércoles, la Agencia de Salud pública señala que desde el pasado 14 de septiembre están viendo "muy preocupados" cómo se vuelven a producir desahucios "con imágenes muy duras de intervenciones policiales que dejan en la calle a familias en situación de vulnerabilidad sin alternativa residencial, en muchos casos con menores".

Recuerda en este sentido que, según el Ayuntamiento de Barcelona, de los 2.288 casos en riesgo de pérdida de la vivienda que tuvieron conocimiento y mediaron en 2019, en el 54 % (1.241) había menores.

"De los 2.836 casos (882 de los cuales son casos nuevos) en los que ha intervenido o está interviniendo el Ayuntamiento desde enero a septiembre de 2020, en el 60% (1.702) hay menores y 1.626 de estos se tratan de situaciones de vivienda precaria u ocupaciones", añade.

Destaca igualmente que "en la última década (2010-2020), en España los tribunales han sentenciado 684.183 órdenes de desahucio, de las cuales se ha ejecutado el 61,5 %, dejando a miles de personas en condiciones de precariedad extrema".

Subraya a continuación que esta situación constituye "un importante problema de salud pública debido a los graves efectos negativos que genera la inseguridad residencial en la salud de la población.

Considera que a pesar de existir una moratoria aprobada por el gobierno durante el estado de alarma y que se ha prorrogado hasta el 31 de enero de 2021, ésta es "insuficiente"

Recalca igualmente que diferentes estudios muestran una relación clara entre los desahucios y la pérdida de salud psicológica, física y social, y que respecto a la salud de los menores los estudios indican que los desahucios tienen "un grave impacto en su bienestar, afectando principalmente el estado de ánimo, la autoestima y el rendimiento escolar".

Considera que esta situación es especialmente preocupante en plena epidemia de la covid-19 y afirma a continuación que, "a pesar de que son escasos los estudios al respecto, la evidencia disponible indica que las personas en riesgo de desahucio tienen una mayor probabilidad de infectarse" de coronavirus.

Por todo ello, la Agencia de Salud Pública considera "imprescindible que todas las administraciones ejerzan sus competencias para garantizar el derecho a la vivienda y para evitar la nueva oleada de desahucios", y pide al Estado que decrete la suspensión de los mismos que afecten a todas las personas en situación de vulnerabilidad.

 
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