21-11-2020 / 12:50 h EFE

Plena Inclusión, plataforma que representa a colectivos con discapacidad intelectual en España, ha atendido a 200 personas y a sus familias en el Centro Penitenciario de Asturias durante los últimos años.

Éste es uno de los datos que forman parte del informe “A cada lado”, que será presentado el próximo lunes en el Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Oviedo.

La presentación del informe forma parte de un módulo específico dedicado a las personas con discapacidad que se impartirá dentro del curso que el ICA de Oviedo está dedicando a los profesionales sobre asistencia a víctimas de trata de seres humanos, menores víctimas de abusos sexuales y personas con discapacidad.

Plena Inclusión trabaja en la cárcel asturiana desde 1999, donde a lo largo de estos años ha atendido a más de 200 personas con discapacidad intelectual y a sus familias.

La organización desarrolla un programa centrado especialmente en la prevención de la comisión del delito, en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual en el período de privación de libertad, así como en el apoyo para evitar su reincidencia y favorecer su inclusión en la sociedad.

El informe “A cada lado” analiza la situación de este colectivo en las prisiones españolas y revela la invisibilidad de cientos de reclusos con discapacidad intelectual, lo que les sitúa como uno de los grupos más susceptibles de sufrir la exclusión.

El estudio, en el que han participado 367 personas con discapacidad reclusas y 81 profesionales del programa de prisiones de Plena inclusión España, concluye que solo en el 31% de los 743 procedimientos examinados se ha tenido en cuenta la discapacidad en algún momento del proceso judicial.

Otra conclusión apunta a que en el 90% de los procesos se impuso una pena de prisión que únicamente se sustituyó o suspendió en un 3% de los casos, cuando la organización recuerda que "existe un consenso internacional en que las personas penalmente no responsables no deberían permanecer en prisión".

Pero los datos indican que el 66% de las personas cumplen las medidas privativas de libertad en centros penitenciarios y el 33% en hospitales psiquiátricos penitenciarios.

El estudio lamenta el "nivel muy bajo de acceso a los programas de tratamiento" que no estén relacionados con la discapacidad, como los relativos a la drogodependencia (9%); sobre salud mental (8%); alcoholismo (2%) o para agresores sexuales (1,85%) a pesar de que en muchas ocasiones el delito fue cometido por alguno de estos motivos.

Además, únicamente un 5,7% se encuentra clasificado en el tercer grado, ya que se trata de un colectivo que cumple íntegramente las penas.

Casi el 70% de los presos no ha realizado ninguna salida programada y el 55% no ha solicitado nunca un permiso, según el estudio.

Otro dato que preocupa es que la reincidencia se da en el 54 % de los casos debido, según la organización, al fracaso del sistema y la sociedad en su conjunto en el ámbito educativo, sanitario, social, jurídico y penitenciario.

 
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