26-11-2020 / 17:51 h EFE

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha propuesto una decena de medidas para aprovechar los retos de la recuperación tras la covid-19, encaminadas a avanzar en la igualdad real y en que "la población más vulnerable no vuelva a quedarse atrás" como consecuencia de una crisis.

Maeztu ha entregado a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el informe especial que ha realizado la institución sobre "Derechos de la ciudadanía durante la covid-19. Primera ola de la pandemia", en el que analiza su impacto en el primer semestre de la crisis sanitaria.

El informe se basa en los más de 5.000 expedientes relacionados con la covid (1.602 quejas y 3.474 consultas) gestionados desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de septiembre.

El Defensor ha propuesto diez "lecciones" de la crisis que se pueden poner en práctica para conseguir reducir la brecha de la desigualdad, comenzando por el fortalecimiento del Sistema Público de Salud y la creación de un sistema integral de atención a las personas mayores.

Junto a ello, el reforzamiento de los servicios sociales como pilar fundamental del estado del bienestar; la adaptación de ejercicio del derecho a la educación a las necesidades de la sociedad digital y la creación de empleo de calidad, además de la lucha contra la pobreza infantil y las situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia.

También ha citado el avance en las políticas de igualdad de género o la garantía del derecho a la vivienda, así como las medidas de sostenibilidad contra el cambio climático; el reconocimiento del acceso a los servicios de interés general y la oportunidad de la mediación como forma de resolución de conflictos.

Entre estos retos, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado la urgencia de adaptar la sociedad a las exigencias de la sociedad de la información, para evitar lo que ha denominado "nuevos excluidos" por la imposibilidad o incapacidad de acceder a los recursos tecnológicos.

La brecha digital afecta a colectivos muy diversos, como las personas mayores; las desfavorecidas social y económicamente; las que viven en zonas rurales aisladas o mal conectadas; migrantes, personas con discapacidad o mujeres solas con cargas familiares.

 
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