29-11-2020 / 12:00 h EFE

El sindicato CCOO ha ganado una sentencia sobre el derecho al teletrabajo de un administrativo del Sescam y ha explicado que los fundamentos de derecho y el fallo judicial son aplicables a todos los empleados pblicos de la Junta.

En un comunicado de prensa, el sindicato ha explicado que el Luzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Albacete ha declarado el derecho "a la prestacin del servicio en rgimen de teletrabajo" de un administrativo del Sescam, adscrito al Servicio de Contabilidad y Facturacin de una gerencia, ue el pasado 23 de junio solicit teletrabajar el 40 por ciento de su jornada.

La gerencia deneg la solicitud alegando que, segn la Administracin, su puesto de trabajo "es de atencin directa al pblico y que, por la naturaleza de los servicios que debe prestar, requiere la presencia del empleado", que debe manejar "una cantidad importante de archivos fsicos: facturas, albaranes, documentos contables", pero la magistrada ha concluido que no se corresponde con las tareas y funciones que realmente debe realizar el empleado pblico.

Por un lado, subraya la sentencia que la creciente implantacin de las facturas electrnicas en el mbito de las administraciones pblicas "hace que al menos una parte importante de los documentos que tenga que manejar el recurrente sean documentos electrnicos".

Y en cuanto a la atencin directa al pblico, incide en que todas las consultas "pueden llevarse a cabo por medios telemticos, con lo que se agiliza en tiempo y en desplazamientos" y, en todo caso, puede hacerlo el resto del tiempo que no haga teletrabajo.

CCOO ha explicado que el Gobierno regional puede recurrir esta sentencia pero "lo que no puede dejar de hacer" ni posponer es abrir la negociacin para una nueva regulacin del teletrabajo en la Administracin Autonmica.

El pasado 29 de septiembre se public el Real Decreto-ley 29/2020, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Pblicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.

Y el sindicato ha recordado al Ejecutivo regional que las administraciones pblicas tienen un plazo de seis meses para adaptar su normativa de teletrabajo a lo previsto en este real decreto.

 
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