30-11-2020 / 13:41 h EFE

El Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia afirma que no invertir en sistemas de prevención en materia de servicios sociales multiplica por diez el gasto que debe realizar la Administración para atender cada caso, según ha cifrado su decana, Maria Jose Catalán, en la Asamblea Regional.

Catalán ha comparecido en una audiencia legislativa en la Comisión de Sanidad y Política Social con el objetivo de proponer mejoras para el proyecto de ley de servicios sociales que sustituirá a la ley actual, vigente desde 2003.

Ha relatado que “el coste que para las arcas públicas supone invertir en programas específicos para un niño o una niña en circunstancias de adversidad está en torno a las 8.000 euros al año”.

No obstante, “cuando los sistemas de prevención fracasan, muchas veces porque no existen, y la respuesta de las administraciones solo puede venir de la mano de la institucionalización, ese coste se dispara hasta los 100.000 euros al año. Es decir, se multiplica por diez”, ha asegurado la decana del colegio de Psicólogos.

Por tanto, “la inversión en prevención redunda en una reducción en el origen del problema, evita la cronicidad y mayores gastos para el sistema”, ha sentenciado Catalán, para añadir que se deben “atender las necesidades de las personas de raíz”.

Catalán ha hecho hincapié en la “necesidad de un enfoque interdisciplinar en el diseño de las políticas públicas de protección” y que estas políticas se centren en el fomento de la “autonomía personal”.

Ha advertido de que “una inadecuada intervención provoca que, años más tarde, podamos encontrarnos a ese niño o a esa niña transformado en un adolescente con el que empieza a intervenir el juzgado de menores” y, en ese caso, “el sistema de protección social se ve desplazado por un sistema de reforma o de emergencia social”.

En su defensa a la necesaria interdisciplinariedad de los equipos de servicios sociales, ha puesto de ejemplo que “la cobertura asistencial a una víctima de violencia de género no puede limitarse a la entrega de recursos materiales como ayudas o vivienda pública”, y ha considerado que “debe estar atendida por diversos personales, donde nadie cuestiona la importancia del profesional de la psicología como un pilar obligado en la recuperación de la víctima”.

En este sentido, Catalán ha lamentado que “la psicología no representa ni al 4% del personal de servicios sociales actual, frente 45% de los trabajadores sociales y más de un 11% de los educadores”.

Ha considerado que “cada zona básica debe tener asignado un equipo interprofesional de forma que este sea el que defina y acuerde el personal de referencia que se asigne al caso específico”, que en unos casos será el psicólogo, en otros el educador social y en otros el trabajador social.

Por otra parte, Catalán ha solicitado que se recoja el catálogo de servicios, que se vigile el desarrollo reglamentario de la ley para que no ocurra como en 2003, que ese desarrollo no se ha producido, y que se refuerce el trabajo que se está llevando a cabo en violencia de género.

El diputado socialista José Antonio Peñalver ha considerado “importante la detección precoz y la prevención para evitar el estancamiento de las personas entorno a los servicios sociales” porque estos “deberían ser un lugar de tránsito y estar centrados en acompañar a las personas en su territorio para promover su autonomía”.

Por parte del Partido Popular, su diputada Maruja Pelegrín ha afirmado que tienen “la oportunidad de consolidar el sistema de servicios sociales como ese cuarto pilar del bienestar social y, en eso, cada profesional tiene un peso específico y se complementan y constituyen en ese pilar que da al ciudadano las intervenciones que necesita”.

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Francisco Álvarez ha asegurado que comparte “el enfoque interdisciplinar” que debe tener la ley y se ha comprometido a estudiar “las propuestas que nos han hecho llegar y en el debate de esta comisión, veremos qué es lo mejor para que salga una ley de ss que sea la que toda la Región merece”.

El diputado de Vox Francisco Carrera ha expresado que tiene la sensación de que “la ley permite un intrusismo profesional de unos profesionales frente a otros, si hablamos de los trabajadores sociales, educadores sociales y de los psicólogos”.

Por último, la diputada de Podemos María Marín se ha mostrado “muy de acuerdo con ese carácter interdisciplinar de los equipos para que así tengamos una atención a la ciudadanía lo más ajustada posible a sus necesidades y creemos absolutamente necesaria la participación de los diferentes profesionales vinculados a esa intervención social”.

 
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