02-12-2020 / 13:01 h EFE

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres de entre 34 y 59 años como presuntos autores de los delitos de amenazas, injurias y calumnias vertidas sobre funcionarios del Centro Penitenciario Tenerife II, lo que supuestamente realizaron durante un periodo de dos años.

Según informa el cuerpo de seguridad en un comunicado, los agentes tuvieron conocimiento en 2018 de la existencia de una serie de publicaciones en la red, procedentes de dos plataformas de apoyo a presos, que tenían la finalidad de desacreditar a los trabajadores del centro penitenciario, entre otras intenciones.

En opinión de la Policía Nacional, su objetivo era ganarse la confianza de la comunidad creada, compuesta por unas 3.000 personas, buscando la presencia activa en los medios de comunicación local.

Tras erigirse como portavoces, y especialmente durante los últimos meses, llevaron a cabo una campaña agresiva en su crítica a la gestión penitenciaria a la vez que proferían amenazas de carácter grave contra la vida, integridad física y libertad de diferentes funcionarios del centro penitenciario.

A su vez vertían acusaciones sobre delitos graves supuestamente cometidos por parte de los funcionarios, lo que generó una fuerte animadversión en su contra, añade la Policía Nacional.

Los investigadores de la Policía Nacional creen además que los simpatizantes de este movimiento realizan donaciones para mejorar las condiciones de los internos y cumplimiento del régimen penitenciario para familiares y allegados sin saber que la finalidad última era el lucro de los ahora detenidos.

Los agentes tuvieron conocimiento durante la investigación de que un preso relató haber aportado elevadas cantidades de dinero sin recibir justificación ni información alguna sobre su destino.

La investigación de la Policía Nacional continúa abierta, sin descartar que puedan ser localizadas más personas que hayan sido afectadas por todas estas actividades.

Los detenidos, junto al atestado realizado al efecto, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Las actuaciones han sido realizadas por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.

 
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