02-12-2020 / 18:51 h EFE

El Tribunal Supremo ha avalado el criterio adoptado por el Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional para no investigar los presuntos abusos sexuales y laborales a temporeras en Huelva, por considerar que era incompetente para juzgar los hechos.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por una decena de estas temporeras contra el auto de dicho juzgado, las cuales consideran que lo sucedido ha de ser investigado por la Audiencia Nacional por darse los delitos de lasa humanidad y trata de personas.

Se recuerda en la sentencia que los hechos fueron denunciados por estas mujeres, de nacionalidad marroquí, en el Decanato de los Juzgados Centrales de Instrucción, contra una empresa con sede en Almonte y tres de sus socios por delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad, siendo turnada al Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional.

En ella relataban cómo fueron contratadas en origen para trabajar en la campaña agrícola de Huelva, incumpliendo la empresa las condiciones pactadas, sometiéndolas a tratos vejatorios y denigrantes e incluso haciéndoles proposiciones sexuales a cambio de dinero, llegando una de ellas a asegurar que fue violada.

En la sentencia, el Supremo no acoge los motivos de las recurrentes que alegaban vulneración de preceptos constitucionales como el deber de motivación, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley o la prescripción de la indefensión, y se posiciona del lado de la AN considerando que su decisión está bien motivada: "El tribunal ha aplicado la regla de competencia territorial que ha estimado procedente en función de los hechos denunciados y su criterio es acertado".

"El ámbito de la discrepancia legítima de los recurrentes con la decisión impugnada constituye un problema de legalidad ordinaria, que no conlleva lesión alguna de los derechos constitucionales invocados", añade.

En cuanto a que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un delito de lesa humanidad, el Supremo coincide con la AN en que "el que se hayan denunciado unos hechos que afectan a un grupo de mujeres con un perfil socio cultural semejante no permite afirmar que las conductas denunciadas constituyan un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil por razones étnicas, raciales, religiosas o de género"; además, tampoco hay indicios suficientes de la captación de trabajadoras para la imposición de trabajos forzados o prácticas similares o para su explotación sexual.

"En cualquier caso, la calificación jurídico-penal de estos hechos es irrelevante y desde luego la atribución de competencia a la Audiencia Nacional no puede venir determinada exclusivamente por la transnacionalidad", concluye.

 
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