03-12-2020 / 19:20 h EFE

Los concursos de acreedores de personas físicas presentados en los órganos judiciales de Castilla-La Mancha durante el tercer trimestre de 2020 han aumentado un 168,4 por ciento como consecuencia de la crisis económica derivada de la covid-19.

Éste es uno de los datos que refleja el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales" que ha hecho público este jueves la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del que ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Un informe que también ha puesto de manifiesto que, después del impacto que el confinamiento, la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene tuvieron en la actividad de los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2020, en el tercer trimestre del año se aprecian la reactivación de la actividad y los efectos de la crisis.

De esta manera, sumados los concursos presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Castilla-La Mancha, la región ha alcanzado la cifra de 80, de los que 51 corresponden a personas físicas no empresarios (19 en el mismo periodo del año anterior).

En concreto, el total de concursos presentados ha experimentado un incremento del 23,1 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019, aunque el aumento mayor, del 168,4 %, se ha dado en los de personas físicas.

Por el contrario, en los Juzgados con competencia en materia Mercantil se ha producido una reducción en el número de concursos presentados del 37 %, con 29 concursos registrados frente a 46 del tercer trimestre de 2019.

Asimismo, el número de concursos declarados en el tercer trimestre de 2020 en los juzgados con competencia en materia mercantil de la región fue de 13, a los que se suman 12 concursos declarados y concluidos al amparo de la Ley Concursal y, en este mismo período, ha llegado un concurso a la fase de convenio y 15 a la fase de liquidación.

Por otra parte, el informe del CGPJ también ha ofrecido datos sobre los procedimientos por ejecuciones hipotecarias, de los cuales en Castilla-La Mancha se han iniciado 244 en el tercer trimestre, un 43,5 % más que en el mismo periodo del año anterior (170); y de los lanzamientos practicados, un total de 249 en la región, lo que supone un descenso interanual del 17,5 por ciento.

De esa cifra, 184 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), 61 se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los cuatro restantes obedecieron a otras causas.

Además, los lanzamientos por impago del alquiler han disminuido un 10,7 % respecto al tercer trimestre de 2019, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias han caído un 26,5 por ciento, al tiempo que han sido solicitados 271 lanzamientos a los servicios comunes en Castilla-La Mancha, de los que 117 han terminado en cumplimiento positivo.

De otro lado, según el informe del CGPJ, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se han presentado 1.028 demandas por despido en los Juzgados de lo Social de Castilla-La Mancha, un 0,5 % más que en el tercer trimestre de 2019, y 1.004 demandas de reclamaciones de cantidad, un 13,5 % por ciento menos que las presentadas en el mismo periodo de 2019.

También han disminuido los procedimientos monitorios presentados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de Castilla-La Mancha, que han sido 6.161, lo que supone un descenso del 1,3 por ciento.

Y en los cinco juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (cláusulas abusivas) se han presentado un total de 1.370 asuntos , se han resuelto 1.234 y han quedado en tramitación 7.590.

Mientras tanto, las sentencias dictadas han ascendido a 1.104, de las que el 98,8 por ciento han sido estimatorias.

De igual modo, en los juzgados de Castilla-La Mancha han ingresado en el tercer trimestre 102 verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas y se han resuelto 39.

 
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