07-12-2020 / 20:10 h EFE

La Fiscalía de Granada ha solicitado en sus conclusiones provisionales penas de entre tres y seis años de prisión y multa de hasta cinco millones de euros para tres empresarios acusados de fraude de subvenciones e insolvencia punible al Ministerio de Industria por valor de 3,14 millones de euros.

Los tres acusados serán juzgados los próximos 16 y 17 de diciembre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada por un delito de fraude de subvenciones por el que les piden tres años de cárcel, mientras que dos de ellos se enfrentan además a insolvencia punible, por la que les solicitan otros tres años de prisión.

Según recoge el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, en mayo de 2009 el Ministerio de Industria concedió un préstamo por un importe de 3,14 millones de euros a una sociedad de la que era administrador único uno de los acusados con el objetivo de llevar a cabo un proyecto de fábrica de producción de aerogeneradores de baja altura para conexión directa en red de distribución.

Dicho objeto constituía una condición esencial para la concesión del préstamo, que fue efectivamente pagado de manera anticipada en julio de 2009, y para el que el Ministerio establecía que el plazo para hacer tal inversión tenía el límite del 30 de junio de 2010.

El 10 de mayo de 2010 comparecieron ante un notario un acusado como titular de la empresa beneficiaria y otro como administrador solidario de otra sociedad distinta de la que también era en ese momento administrador solidario otro acusado, que estaba al tanto de la operación pero no compareció en la escritura.

La finalidad de tal trámite fue llevar a cabo la venta de la primera sociedad, que se compraría por un importe de 3.500 euros.

Según recoge la Fiscalía, en la escritura consta que la empresa inicial había sido beneficiaria del préstamo de Industria y que la parte compradora conocía y se subrogada en las actuaciones a realizar, condiciones a las que estaba sometida la ayuda y plazos de la inversión antes de finales de junio de 2010.

El 18 de abril de ese año uno de los acusados, en nombre de la sociedad beneficiaria inicial, abrió una cuenta corriente a la que fueron traspasados los 3,14 millones de euros del préstamo.

La acusación pública relata que, con posterioridad y con la finalidad de no devolver nunca el préstamo referido, de no cumplir con la obligaciones impuestas por el Ministerio de Industria vinculadas a la concesión del préstamo y de "despatriomonializar" las sociedades obligadas a la devolución del mismo, uno de los acusados con conocimiento y en connivencia con otro hizo diferentes transferencias desde la cuenta de la entidad adquirida a otras sociedades vinculadas.

Muchas de esas operaciones fueron hechas con posterioridad a las fechas en las que el Ministerio de Industria había requerido para que justificara las inversiones realizadas o había dictado resolución de reintegro del préstamo concedido por el incumplimiento de las condiciones establecidas.

El 15 de mayo de 2012, la sociedad inicial tenía contraído por el concepto referido con el Ministerio de Industria una deuda de 3,42 millones de euros, y por la actividad de los acusados se había convertido en una sociedad sin activos ni actividad e insolvente para hacer frente al pago del mismo, indica la Fiscalía.

 
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