09-12-2020 / 14:22 h EFE

La percepción de corrupción en Cataluña continúa su tendencia a la baja y ha disminuido hasta el 67 % este año, mientras que la tolerancia social hacia comportamientos inapropiados revela que la ciudadanía es ligeramente más laxa ahora que en los últimos tiempos.

Así se desprende del barómetro bianual "La corrupción en Cataluña: percepciones y actitudes ciudadanas" que ha presentado este miércoles en rueda de prensa el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, coincidiendo con el Día Internacional contra la Corrupción.

De acuerdo con el estudio, la percepción de la corrupción por parte de los catalanes continúa asentada en niveles "bastante altos", aunque por debajo de los registrados en 2018 (71,9 %), 2016 (74,2 %) y 2014 (82,3 %), cuando el indicador alcanzó su punto álgido.

Además, el 79,5 % de los encuestados cree que la corrupción en Cataluña es un problema grave o bastante grave, especialmente entre las mujeres (71,6 %), el 35,7 % de las cuales considera que esta práctica ha aumentado.

Respecto a la experiencia personal, el 18,2 % dice haber presenciado conductas impropias en su lugar de trabajo, el 15 % criterios inapropiados en aplicación de la norma, el 17,8 % situaciones de favoritismo de familiares, amigos o empresas, el 8,7 % aceptación de regalos y el 3,5 % sobornos, todos ellos porcentajes inferiores a la última edición del barómetro.

Asimismo, la tolerancia hacia determinadas actitudes ha aumentado ligeramente: un 21,2 % considera "aceptable" que un alto cargo reciba una caja de vino como regalo y un 14,4 % que un trabajador sanitario público ayude a un familiar a saltarse al lista de espera.

Pese a ello, Antifraude asegura que se ha producido una "evolución notable en la conciencia ciudadana", que "claramente considera corrupción" que una persona aproveche su cargo público para beneficiarse (94,8 %), que un empresario pague para obtener un contrato público (92,5 %) o que un político vote un proyecto para favorecer la compañía de un hijo (92,4 %).

Por otro lado, el 53 % de la ciudadanía ve "poca o nula honestidad" en la política, mientras que el 43,1 % opina que los partidos se financian ilegalmente, bastante por debajo del 52 % de la edición anterior.

En este sentido, los catalanes continúan censurando los estrechos vínculos entre política y negocios (un 78,6 %), el 84,1 % asegura que los políticos no explican suficientemente bien su gestión y un 61,2 % de los encuestados ve una correlación entre las situaciones de emergencia como la covid-19 y el aumento del riesgo de corrupción.

Respecto a las instituciones, disminuye la percepción de mucha o bastante corrupción, aunque permanece en niveles altos, con un 76,5 % en el caso de partidos políticos, un 70,2 % las entidades financieras y un 59,4 % los medios de comunicación.

Finalmente, los principales motivos que se aducen para no presentar denuncias ante casos de corrupción son la dificultad de presentar pruebas y el miedo a las represalias.

 
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