14-12-2020 / 14:51 h EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha afirmado que "todas las ayudas" que la Junta de Andalucía concedió a Aceitunas y Conservas (Acyco) "son ilícitas" y ha calificado el caso como "una manifestación más, llamativa y grosera, de cómo actuaba la Consejería de Empleo" con el programa 31-L.

El Ministerio Público ha expuesto este lunes su informe final ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que está juzgando la pieza separada de la macrocausa de los ERE relativa a los 2,9 millones de euros que recibió Acyco.

El fiscal ha tildado de "muy graves" los delitos por los que acusa a once personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta, para quienes solicita penas de hasta diez años y medio de cárcel porque presuntamente malversaron "mucho dinero".

"Hubo un favorecimiento arbitrario a una empresa y por eso se vieron privados de su derecho a recibir ayudas un gran número de trabajadores de Andalucía", ha lamentado el fiscal, que ha responsabilizado a los tres ex directores generales de Trabajo procesados, en especial el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, pero también al exconsejero Antonio Fernández y el exviceconsejero Agustín Barberá.

"La competencia natural para conceder ayudas era del consejero. Es burdo pensar que se dejaba en manos de un director general a su libre albedrío. Eran cantidades muy importantes en asuntos de gran relevancia social y el director general daba cuenta al consejero y el viceconsejero", ha argumentado.

Además, "en ninguna de las ayudas" que recibió Acyco, una en 2003 para pagar 35 prejubilaciones y otra en 2010, "hubo una delegación expresa de competencias".

El Ministerio Público también ha resaltado que "no vale como excusa" el principio de confianza en la Administración, en el sentido de que "cómo iban a sospechar de un director general de la Junta", como alegaron la expresidenta y el exdirector de personal de la empresa, Encarnación Poto y Gabriel Barrero, el abogado y los consultores que trabajaron en el ERE y los dos intrusos.

El fiscal ha atribuido a todos una "actuación claramente dolosa" porque "conocían la arbitrariedad" del Gobierno andaluz, que otorgó las ayudas "sin que existiese ninguna solicitud de la empresa".

Al contrario, el delegado de Anticorrupción ha destacado el "anárquico discurrir de las pólizas y las órdenes de pago" y "la ausencia de cualquier expediente administrativo", así como que "no se puede dar por cierta ninguna de las fechas que aparecen en todos los documentos" vinculados a esta pieza.

Además, Poto y Barrero "no eran neófitos en estas lides", ya que desde 1999 venían obteniendo ayudas públicas y la presidenta era "una adalid de la economía social" que "duplicó su nivel de ingresos" en esos años por cobrar la prejubilación y una retribución como consejera.

El fiscal también ha relatado que el convenio con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para pagar a Acyco, de febrero de 2004, se firmó "cuando las ayudas ya estaban en marcha", lo cual ha considerado otro reflejo del "descontrol total y la falta de rigor".

"Se ejecutaban los pagos a demanda, por voluntad del director general. Nunca hubo un expediente de nada, no hacía falta mucho para obtener dinero del 31-L", ha apostillado.

En cuanto a la ayuda excepcional de 2010, concedida por el exdirector de Trabajo Juan Márquez y autorizada por su sucesor, Daniel Alberto Rivera, "es imposible" que Acyco la emplease para contratar personal, como había solicitado la empresa, "porque nunca recibió ese dinero", que según la Fiscalía se empleó para pagar la minuta del bufete que trabajó en el ERE.

"Sólo había que rascar un poco para ver que no era una ayuda sociolaboral, sino una ayuda directa a la empresa", ha añadido.

 
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