La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha reclamado este domingo un "pacto transversal" que blinde los derechos sociales reconocidos en la Constitución como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social de la covid-19.
Según señala Garrido en un comunicado, la hoja de ruta a la salida de la actual situación de emergencia "debe plantearse desde los consensos políticos de cara a la reconstrucción del país desde abajo" y "la consolidación de lo común de manera permanente".
La dirigente de izquierdas recoge estos argumentos en una proposición no de ley que ha promovido en el Congreso y que se abordará este martes en la Comisión Constitucional.
Garrido mantiene que la reconstrucción del país debe llevarse a cabo a través de "un pacto transversal, planteado desde el constitucionalismo democrático como herramienta de defensa de lo común y para enfrentar la pobreza y la situación de marginalidad que hemos conocido como secuelas de la crisis económica de 2008".
"La pandemia ha dejado al descubierto la tremenda fragilidad del estado social en España, por lo que es necesario actuar para garantizar la consolidación de la universalización y el blindaje constitucional del servicio público de salud, de la atención a la dependencia y de los servicios esenciales necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado", ha subrayado.
"Esta vez -ha añadido- no podemos retroceder ni un solo paso en la protección de las mayorías sociales, sino que, por el contrario, existe un margen de posibilidad para avanzar en justicia social".
Por ello, reclama al Gobierno que "adopte aquellos mecanismos, tanto de carácter coyuntural como estructural, necesarios para garantizar de forma efectiva la totalidad de los derechos reconocidos en la Constitución por medio de suficiencia económica, de la promoción de los principios de no regresividad y de la obligatoriedad del respeto a un contenido mínimo esencial inviolable de todos los derechos constitucionales".
En este sentido, demanda que se preste "especial atención a los derechos vinculados al desarrollo de los servicios de salud, atención a la dependencia y al resto de servicios públicos y prestaciones sociales".
En opinión de Garrido, la crisis de la covid-19 ha puesto de manifiesto que el sistema de salud y dependencia han sido los "principales perjudicados", con una avalancha de enfermos que "ha permitido percibir las debilidades existentes", sin que "el deterioro en la atención primaria y la tendencia a la privatización de los hospitales y servicios sanitarios públicos haya ayudado en la lucha contra el virus".
"Se ha manifestado la necesidad de aumentar el número de profesionales, mejora de sus condiciones laborales, aumento del número de camas en hospitales y de plazas de los centros de dependencia", ha descrito la dirigente de Podemos, para quien "estas decisiones sólo podrán tomarse con un marco regulatorio y constitucional que priorice la vida".
Ha recordado también que, en las residencias para personas mayores, la crisis ha dejado una "auténtica tragedia nacional", fruto de "una falta de seguridad extrema, de limpieza, de personal y de medios".
Una situación que, a su juicio, "no responde a otra cosa que a una falta sistemática de financiamiento y de un modelo de residencias y cuidados de mayores orientado hacia la lógica de la eficiencia mercantil, priorizando la obtención de lucro sobre la necesidad de cuidados a lo largo del ciclo vital".
Noticias relacionadas
-
No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.