23-12-2020 / 15:01 h EFE

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la concesión de 5,5 millones de euros en compensaciones a las empresas que prestan el servicio de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera debido al déficit de actividad provocado por la crisis sanitaria.

En concreto, el Ejecutivo ha dado su visto bueno a la modificación de las condiciones previstas en los actos jurídicamente vinculantes que amparan la prestación de este servicio mediante la concesión de las compensaciones por su ejecución en régimen de obligaciones de servicio público durante el año 2020, con extensión de sus efectos al año 2021.

El importe de estas compensaciones asciende a 5.531.610 euros, según precisa la reseña del Consejo.

Argumenta que el déficit de explotación de la actividad de transporte regular de viajeros de uso general ha aumentado durante este año 2020 por los efectos derivados de la crisis sanitaria, al provocar ésta un descenso coyuntural de la demanda, "lo que obliga a una intervención pública más intensa que haga posible el equilibrio económico de los servicios de transporte directamente afectados por las circunstancias".

La minoración, "relevante y significativa", de la demanda de usuarios ddurante la vigencia del estado de alarma, unida a la necesidad, por razones de interés público, de mantener una determinada oferta de servicios, ha roto el equilibrio básico entre recursos disponibles y atención satisfactoria de las necesidades de movilidad, ha provocado una incertidumbre en los planes de futuro de las empresas operadoras y ha alterado la configuración del servicio.

Por ello, explica la Junta, la necesidad de apoyo económico a este sector de actividad ha de orientarse a "reequilibrar" el estado financiero de los servicios de interés económico general, titularidad de la Comunidad Autónoma, basados en la declaración de obligaciones de servicio público.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto que regula el Consejo Asesor de Vivienda de Extremadura, órgano de carácter consultivo y asesor de la Junta de Extremadura en materia de vivienda.

En el nuevo decreto se incorpora por vez primera en la composición de este órgano a los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Extremadura, en desarrollo de la ley de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura.

Por otra parte, en el decreto se ha tenido en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, haciendo uso de un lenguaje inclusivo.

El Gobierno extremeño ha autorizado asimismo la contratación de las obras necesarias para ultimar la construcción de 31 viviendas de promoción pública en Villafranca de los Barros (Badajoz) por un importe de 1.675.281 euros y un plazo de ejecución de 18 meses.

 
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