29-12-2020 / 14:11 h EFE

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que, debido a la crisis financiera generada por la pandemia en los consistorios, se amplía hasta el año 2030 el plazo para que 41 ayuntamientos de la Región de Murcia devuelvan a la comunidad los 90 millones en reintegros de proyectos y obras que están pendientes desde el año 2012.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha apostillado que el plazo se amplía en otros 10 años, con tres años de carencia, en los que los ayuntamientos no tendrán que empezar a devolver esas cantidades.

De manera excepcional, en el caso de que el reintegro sea igual o superior a 3 millones, el plazo se podrá ampliar hasta el año 2035.

En cuanto a las subvenciones, el decreto refleja que se trata de cantidades otorgadas antes de 2012 para proyectos que no pudieron ser ejecutados por la anterior crisis económica que afectó a las corporaciones locales y cuya devolución se retrasó ya en ese año 2012.

Tras una segunda ampliación en el año 2016, el plazo para devolver esas cantidades vencía este 31 de diciembre.

Celdrán también ha anunciado que, a través de este nuevo decreto, también se aprueba una exención de un año en el cobro de tasas gestionadas por la comunidad por valor de cerca de un millón de euros para el sector de la hostelería y la restauración.

El consejero ha informado de que esta iniciativa se acordó con los representantes de la hostelería en la mesa de trabajo que se creó para diseñar un plan de rescate ante las restricciones impuestas al sector para intentar frenar la pandemia, y al que ya se han destinado 37 millones de euros.

En el segundo decreto ley validado este martes se autoriza un primer pago de 1,7 millones de euros en ayudas a 18 empresas de autobuses con 29 concesiones de transporte público en la comunidad, cuyo objetivo es paliar las pérdidas justificadas durante el primer estado de alarma.

Esta medida se engloba dentro de un marco jurídico de las subvenciones que podrán recibir las empresas que hayan visto mermados sus ingresos durante el periodo en el que se limitaron, por imperativo legal, los aforos de sus vehículos para cumplir las distancias de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.

En lo que respecta al Mar Menor, el Consejo de Gobierno ha autorizado la inversión de 5.544.388 euros para la construcción de los colectores de pluviales norte y sur y el embalse de laminación en San Javier, que se licitará en enero y que cuenta con un plazo de ejecución de 12 meses.

La portavoz del Gobierno Regional, Martínez Vidal, ha señalado que el objetivo es evacuar las aguas pluviales que afectan a la zona urbana de San Javier, tanto en su zona sur como en la norte, mediante una red de colectores subterráneos, con el propósito de solucionar los problemas de inundaciones y encharcamiento de terrenos y viales en esas áreas.

Con el objeto de mejorar la salubridad de la laguna salada, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el proyecto de instalación de 500 sondas de humedad en el Campo de Cartagena, por un importe total de 1.398.085 euros, que van a permitir monitorizar más de 44.000 hectáreas de cultivo.

Según Martínez Vidal, el objetivo de esta iniciativa es poner en marcha un sistema de gestión que favorezca un uso más eficaz y eficiente del agua y fertilizantes acompañado de una optimización de energía asociada al uso del agua.

Entre otras medidas en materia de medio ambiente, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos Red Natura 2000, formados por un conjunto montañoso en el que destaca la Sierra de Ricote junto a pequeñas sierras: El Cajal, Sierra del Salitre, La Muela, El Solán y La Navela, estas dos últimas separadas del resto por el cauce del río Segura.

De esta forma se cumple con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que exige que las comunidades autónomas declaren los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) como Zonas Especiales de Conservación (ZEC), junto con la aprobación de su correspondiente plan o instrumento de gestión.

 
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