El plan de fiscalizaciones de 2021 del Consejo de Cuentas de Castilla y León se centrará en el impacto de la pandemia del coronavirus en la actividad de la Junta y en las entidades locales.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado su proyecto de plan de fiscalizaciones para 2021 y lo ha remitido a las Cortes, a los efectos de su tramitación parlamentaria.
El plan recoge 34 fiscalizaciones de carácter legal y especial, así como 17 más procedentes de planes anteriores que se pretende finalizar a lo largo del año.
Gran parte de los trabajos previstos en 2021 derivan de la situación ocasionada por la pandemia, incluidas algunas de las transformaciones sociales generadas por la misma como el cumplimiento de la publicidad activa en materia de transparencia, la seguridad de los datos en el ámbito educativo en un curso marcado por la educación ‘on line’ o la seguridad informática de los ayuntamientos.
Además, en el contexto de colaboración y lealtad institucional, los compromisos con el Tribunal de Cuentas y con el resto de instituciones de control externo se ciñen al contenido de las fiscalizaciones legales, dejándose abiertas vías de colaboración que puedan dar lugar a distintas actuaciones, especialmente en cuanto al análisis de la situación creada por la pandemia.
Dentro de las fiscalizaciones especiales, en la materia de la COVID-19 se contempla la fiscalización de los contratos originados por la pandemia, así como el análisis del diseño de ayudas y subvenciones vinculadas a dicha circunstancia.
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