29-12-2020 / 19:51 h EFE

El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) compar este martes la ley especial de ciberdelitos, que entrar en vigor maana, con un fusil apuntando a la cabeza de los periodistas en el pas centroamericano.

En una declaracin, el gremio dijo que una "grave amenaza contra el periodismo independiente se cierne (en Nicaragua) con la entrada en vigencia de la Ley Mordaza", el nombre con el que han bautizado a la ley especial de ciberdelitos, promovida y aprobada por la mayora sandinista que controla la Asamblea Nacional (Parlamento).

El PCIN expres su rechazo y condena a esa ley que, segn el gremio periodstico independiente, amenaza la libertad de prensa, "criminaliza" al periodismo de investigacin y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.

"La 'Ley Mordaza' representa una de las peores amenazas a las libertades de expresin y de prensa de los ltimos aos, as como la independencia en el ejercicio del periodismo y la comunicacin en Nicaragua", sostuvo.

"DISEADA PARA REPRIMIR"

Ese gremio afirm que "cualquier informacin que brinde el periodismo independiente, aunque haya sido comprobada y tenga mltiples fuentes informativas, podr ser tipificada como quieran los jueces subordinados al orteguismo -en alusin al presidente del pas, Daniel Ortega-".

La ley deja a discrecin de las autoridades judiciales utilizar especialmente cuatro de los artculos que estn "expresamente diseados para reprimir a las mujeres y hombres de prensa independientes", denunci.

"Cuatro de los artculos de la Ley Mordaza son como un fusil apuntando a la cabeza de periodistas y comunicadores", alert el PCIN.

Esos artculos son los referidos sobre las amenazas a travs de la Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TIC); y acerca de provocacin, apologa e induccin a la comisin de delitos, y enaltecer a delincuentes.

Tambin, "que es el peor", segn ese gremio, el que penaliza la propagacin de noticias falsas o tergiversadas que produzcan alarma, temor y zozobra en la poblacin, y que perjudique el honor, el prestigio o reputacin e incite al odio o a la violencia.

Adems, el artculo que trata sobre el acoso a travs de las TIC que atormente, hostigue, humille, insulte o denigre.

DUDAN DEL SISTEMA JUDICIAL

"Todas estas figuras incluidas como delitos son sumamente peligrosas, difciles de conceptualizar, sobre todo cuando no se cuenta con un sistema de justicia profesional e independiente", argument.

Asimismo, el PCIN anot que adems del problema con las indefiniciones de los delitos y la utilizacin del derecho penal como herramienta de castigo, la pena de prisin puede ser de 2 aos a 10 aos, "lo cual es desproporcionado para la gran mayora de las figuras penales que contiene".

"Esto se opone directamente a normas y estndares internacionales en materia de derechos humanos", aleg.

Por otro lado, advirti de que la ley establece una aplicacin extraterritorial, "es decir, pretende reprimir a quienes se encuentran fuera del territorio nicaragense".

"Dada la naturaleza globalizada de las TIC, cualquier persona, periodista o institucin en todo el mundo podrn ser perseguidas por emitir, por ejemplo, una opinin respecto a la situacin de Nicaragua", asegur.

CONSTATAR HECHOS

El PCIN exhort a sus miembros a "reforzar un ejercicio del periodismo cada vez ms profesional, publicando nicamente despus de constatar los hechos mediante investigaciones que incluyan diversas fuentes".

"Esto no nos proteger de la intencin represiva del rgimen, pero dificultar en parte la aplicacin de esta ley inconstitucional que hemos denominado Ley Mordaza", agreg.

Ese gremio tambin exhort a la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos "a acompaarnos en el proceso de defensa en contra" de la ley especial de ciberdelitos, "pues nos genera extrema preocupacin por su potencial uso en contra de periodistas, comunicadores y voces disidentes en el ya deteriorado estado de los derechos humanos en Nicaragua".

La ley de ciberdelitos plantea castigar con crcel la propagacin de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la poblacin, o a un grupo o sector de ella o a una familia.

La ley establece penas de uno a 10 aos de crcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la "seguridad del Estado".

 
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