05-02-2021 / 20:00 h EFE

El Grupo de Puebla, la Internacional Socialista o los socialistas chilenos, a través de la senadora Isabel Allende, son algunas de las muestras de apoyo a Efraín Alegre, el presidente del mayor partido opositor de Paraguay, que hoy cumple su séptimo día de prisión preventiva por un caso que denuncia como una persecución política.

Todos esos referentes coinciden en la apreciación de Alegre y de su formación, el Partido Liberal, que hablan de un proceso "montado", sin las causales debidas y enmarcado en un sistema de justicia arbitrario y politizado.

La causa se remonta a la campaña electoral de 2018, en la que Alegre se presentó como candidato a la Presidencia, que perdió ante Mario Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, aunque la imputación de la Fiscalía no se materializó hasta el pasado año.

Ello tras la denuncia del dueño de una gasolinera del departamento de Alto Paraná (este) por presunto falseamiento de facturas para abultar los gastos de los liberales de esa zona en la campaña electoral, en la que también se dirimían los escaños en el Congreso.

A la imputación siguió la imposición de medidas sustitutorias por parte de la juez penal de garantías Cynthia Lovera, que ante el rechazo de Alegre a las mismas, la pasada semana dictó la prisión preventiva, que cumple en la Agrupación Especializada, una dependencia policial en Asunción que funciona como cárcel.

Alegre y su defensa ya han solicitado la suspensión de la jueza, en un documento divulgado hoy en el que denuncian una inconsistencia de la imputación y de las posteriores medidas, y en base al arraigo del líder liberal, de 58 años.

No obstante, la argumentación de Alegre y de su defensa se basa en la propia ley electoral, que inhabilita a un candidato a desempeñar funciones administrativas partidarias en una campaña.

Es también la que dirigentes del partido transmitieron esta semana a la Organización de los Estados Americanos, señalando que Alegre tampoco incumplió esa normativa, y recalcando que el Tribunal Electoral aceptó la rendición de cuentas que le fue presentada, a la que no puso objeciones.

FISCAL GENERAL EN LA DIANA

Desde que se dictó la imputación, Alegre ha señalado que su proceso es un ejemplo de la instrumentalización de la Justicia y de la Fiscalía, cuya responsable, Sandra Quiñónez, está en el punto de mira, con parte de la oposición exigiendo su renuncia o un juicio parlamentario.

Los liberales apuntan como instigador de la causa al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), del Partido Colorado, a quien acusan de copar las instituciones de Justicia y de injerencia en el Ministerio Público a través de Quiñónez.

Sostienen además que Abdo Benítez está supeditado políticamente a Cartes, uno de los empresarios más ricos de Paraguay, dueño de bancos, medios de comunicación y de la empresa líder en cigarrillos locales, y que controla al sector del coloradismo que es mayoría en la Cámara de Diputados.

LAWFARE

El Partido Liberal y grupos ciudadanos vienen empuñando esas acusaciones en Asunción, a través de protestas que esta semana se organizaron frente a la sede de la Fiscalía y de la Agrupación Especializada.

Junto a esas movilizaciones, Alegre ha recogido muestras de solidaridad como las del Grupo de Puebla, que reúne a políticos progresistas de catorce países, y que emitió una declaración rechazando la prisión preventiva del liberal.

La organización señaló que el caso tiene las trazas de seguir los parámetros del denominado "lawfare", de judicialización de la política.

"Parece ser otro caso de persecución por medios legales y comunicacionales, una especie de guerra jurídica para desestabilizar a liderazgos y partidos políticos", dice el escrito.

También esta semana, la senadora y vicepresidenta del Partido Socialista de Chile, Isabel Allende, se refirió a la "arbitrariedad y falta de un debido proceso", en una carta de solidaridad a Alegre.

"Sabemos que se te ha imputado una causa que carece de cualquier fundamento, que has colaborado voluntariamente con la Justicia, porque no tienes nada que ocultar, y que la acusación fue aclarada en su debido momento", dice el texto.

La hija del que fuera presidente del país Salvador Allende precisó: "Tenemos pleno conocimiento que los candidatos a Presidente de la República, por disposición legal, no se ocupan de cuestiones administrativas en campañas electorales".

 
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