Amnistía Internacional exigió este sábado al Gobierno argentino que garantice una "investigación eficaz, exhaustiva e independiente" que esclarezca los hechos que rodearon la muerte de Facundo Astudillo Castro, luego de que la Justicia ordenara nuevas investigaciones sobre los policías que tuvieron contacto con el joven el día de su desaparición.
Astudillo Castro (22) fue detenido en un control policial el 30 de abril pasado, cuando se desplazaba hacia la ciudad bonaerense de Bahía Blanca en momentos en que regían estrictas medidas de aislamiento obligatorio por la pandemia de la covid-19.
El joven nunca llegó a su destino y nadie logró volver a contactarlo, dando lugar a una causa judicial por presunta desaparición forzada.
El 15 de agosto pasado fue hallado su cuerpo en un canal de agua del municipio de Villarino, limítrofe con Bahía Blanca.
"A más de 9 meses de la desaparición de Facundo, Amnistía Internacional exige al Estado argentino que garantice una investigación eficaz, exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos que rodearon su muerte y determine las responsabilidades del caso", publicó hoy Amnistía Internacional Argentina (AIA) en su cuenta de Twitter.
Según explicó AIA en la red social, la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó que se realice un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone, donde Astudillo Castro fue interceptado.
Agregó que la Cámara autorizó el secuestro de los teléfonos personales y oficiales que tuvieron o fueron asignados a los cuatro efectivos que, de acuerdo a las pruebas del expediente judicial, estuvieron en contacto con Astudillo Castro el día de la desaparición.
La decisión se tomó teniendo en cuenta un cabello que pertenecería a Astudillo Castro, encontrado en el patrullero de uno de los policías; un amuleto hallado en el destacamento, y la declaración de una testigo de identidad reservada, señaló AIA.
Y explicó que los jueces autorizaron a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal a extraer la información que contengan los dispositivos que se secuestren y luego realice un análisis sistemático con las demás pruebas de la causa.
Paralelamente, se conoció el pedido de recusación de la jueza María Gabriela Marrón realizado por parte de los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, en línea con la solicitud que ya había sido realizada por las querellas, cerró AIA.
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