27-07-2021 / 23:10 h EFE

La minera Southern, filial del Grupo México, espera que el presidente electo de Perú, Pedro Castillo, dé luz verde a la construcción de las instalaciones de la mina de cobre Tía María, proyecto paralizado desde 2015 por la oposición de las poblaciones campesinas aledañas.

En el último informe de resultados trimestrales, la compañía deseó que Castillo destrabe el proyecto, pese a que el nuevo mandatario de Perú llega procedente del ámbito rural andino con un programa reformista basado en nacionalización de los recursos naturales y en mayores exigencias para la inversión privada.

"Dada la actual situación económica peruana, es crucial seguir adelante con proyectos que estimularán un ciclo de crecimiento sostenible", argumentó la empresa.

Southern recordó que en los últimos años ha trabajado de manera consistente "para promover el bienestar de la población de la provincia de Islay", perteneciente a la sureña región de Arequipa, donde se encuentra ubicada la mina Tía María, cuya inversión prevista es de unos 1.400 millones de dólares.

En esta zona, denomina valle del río Tambo, donde prácticamente toda la población se dedica a la agricultura, el proyecto de extraer cobre en las partes altas del valle genera desconfianza al considerar que puede contaminar el agua usada para regar sus cultivos, un escenario que la empresa ve improbable.

Para generar mayor confianza en la compañía, esta ha desarrollado en los últimos una serie de programas sociales en educación, salud y desarrollo productivo, y con la llegada de la pandemia de covid-19 también ha colaborado en la zona con asistencia médica, pruebas, oxígeno, plantas de oxígeno y puestos de vacunación.

Según la empresa, el inicio de las actividades de construcción de Tía María generará 9.000 puestos de trabajo (3.600 directos y 5.400 indirectos) y, una vez que se inicie la explotación, habrá 600 trabajadores, además de otros 4.200 empleos indirectos.

Southern también anticipó que la explotación generará desde el primer día "significativas contribuciones a los ingresos en la región de Arequipa vía regalías e impuestos".

Una vez que comience la extracción del mineral, la empresa prevé producir 120.000 toneladas de cobre anuales, durante un aproximado de veinte años.

El proyecto minero se encuentra paralizado desde 2015, cuando una serie de protestas sociales dejaron cuatro muertos, entre ellos un policía, y más de 300 heridos, lo que llevó al entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016) a congelar los permisos.

Si bien el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) intentó retomar los permisos en 2019, el intento del Gobierno por destrabar ese proyecto volvió a toparse con la negativa de la población local.

 
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