25-11-2021 / 1:00: h EFE

La Junta Nacional de Justicia de Perú destituyó este miércoles al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza por haber alertado a los exjueces y exfiscales que han sido procesados por corrupción como presuntos integrantes de la organización denominada Los Cuellos Blancos del Puerto desde 2018.

La destitución de Rodríguez Monteza recibió el voto unánime de los integrantes de la Junta: Henry Ávila, Guillermo Thornberry, María Zavala, Imelda Tumialán, Antonio de la Haza y Aldo Vásquez.

Esta decisión ordena además la cancelación de su título como fiscal supremo y la inscripción de esta medida en el registro de magistrados destituidos.

El supuesto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto era el exmagistrado supremo César Hinostroza, que fugó a España y está en proceso de extradición a Perú por haber recibido una serie de beneficios de parte de empresarios y procesados en casos a su cargo.

Vásquez explicó, durante la exposición del proceso disciplinario, que Rodríguez Monteza cometió faltas disciplinarias muy graves, al alertar a los integrantes de Los cuellos blancos del puerto, así como pedir información a los medios de comunicación.

El destituido fiscal pidió al portal de noticias IDL Reporteros y al programa dominical Panorama los audios de la investigación que destapó el escándalo de corrupción en la judicatura peruana en 2018, y luego presuntamente alertó a los implicados.

Además, participó en reuniones sociales con Hinostroza y con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y colaborador eficaz del caso, entre otros acusados, lo cual demostró su cercanía con estos investigados.

En ese sentido, se determinó que Rodríguez Monteza infringió los artículos 33 (numerales 12 y 20), 47 (numerales 11 y 13) y 39 (numeral 7) de la Ley de Carrera Fiscal, incurriendo por ello en faltas muy graves.

La destitución será comunicada a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.

El escándalo de corrupción en el sistema judicial peruano generó una ola de indignación al quedar en evidencia las negociaciones de jueces y fiscales para cambiar sentencias a violadores de menores u otros criminales a cambio de dinero, así como beneficios con empresarios o políticos.

 
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